La constructora Azvi desmonta el pago a Aldama de una comisión por una obra pública

Una de las constructoras señaladas, el Grupo Azvi, ha aportado a ABC documentos que desmontan la acusación del empresario y expresidente del Zamora CF, quien en su informe aseguraba que esta sociedad, «a cargo de su presidente, Manuel Contreras Caro, realizó un pago de 18.000 euros el 9 de octubre de 2019, a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla, cuyo objeto social era el de compraventa de bienes inmuebles». Según la versión de Aldama dicho abono al club adquirido por él en 2016 era una «compensación» por una obra pública adjudicada en México con «su mediación».

Fuentes de la compañía lo niegan de manera categórica. Los 18.000 euros abonados el 8 de octubre de 2019 por Manuel Contreras a Pilot Club Natación Sevilla SL, de la que Aldama era administrador solidario, no representaban ninguna mordida. El máximo responsable de Azvi había abonado dicha cantidad como señal para convertirse en futuro socio de un club de natación que el expresidente del Zamora CF estaba poniendo en marcha en Sevilla bajo el nombre de «proyecto Círculo Trastamara», dado que el constructor es un gran aficionado a este deporte.

La constructora ha facilitado a este periódico los certificados de la entidad bancaria que demuestran que desde una cuenta corriente del presidente se realizó la transferencia «en concepto de aportación como futuro socio» del club de natación. Los depósitos aportados por Contreras y otros tres socios fueron devueltos pocos meses después. El 21 de febrero de 2020 el propio Aldama envió a una de sus subordinadas un mensaje de correo electrónico, facilitado a ABC, en el que le daba instrucciones para que «les devuelvan las señales» al presidente de Azvi y a otros potenciales socios a «sus cuentas».

El Club Natación Sevilla de la calle Trastamara estaba en proceso de liquidación desde junio de 2016 al no alcanzar un acuerdo para pagar 1,9 millones de euros a sus acreedores. Su administrador concursal sacó a la venta el edificio en enero de 2017. Tras ganar la puja con una oferta de 1,6 millones de euros, Pilot Real Estate proyectó un gran centro deportivo con una piscina de 25 metros de largo en la terraza del inmueble. En marzo de 2020 Aldama se desvinculó del proyecto. La obra de remodelación fue realizada finalmente por la sociedad Levantina, Ingeniería y Construcción SL, otra de las compañías sobre las que el expresidente del Zamora CF extiende la sospecha de supuestos amaños de contratos.

Azvi desmiente que haya sido adjudicataria de ningún contrato adjudicado de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes desde junio del 2019 y aclara que los encargos públicos que ha recibido han sido bajo la fórmula de uniones temporales de empresas. Además, fuentes del grupo sevillano aseguran que nunca han pagado ninguna comisión ilegal. También niegan, como sugiere Aldama, que el encargo de la obra del tren maya del ferrocarril mexicano fuera gracias a su mediación durante una visita de una delegación española a Ciudad de México que el investigado había organizado.

Las reuniones del Grupo Azvi con Ábalos se ciñeron, aseguran desde la compañía, al descarte del proyecto de los túneles para salvar el cruce del río de la SE-40 en Sevilla.

El que fuera asesor principal del exministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, presentó ante el Juzgado Central de Madrid número 2 el contrato que acreditaba que el Grupo Azvi lo había contratado a través de la empresa Erikapat Consultoría Internacional SA en el año 2023, como asesor para abrir nuevos negocios en Latinoamérica. Desde esta constructora confirman que, en efecto, el 1 de noviembre de 2023 firmaron un contrato de prestación de servicios de consultoría con su empresa, que estaba representada en dicho acto por su mujer, Patricia Uriz.

Fue el propio exasesor quien había ofrecido sus contactos y conocimientos en América. La consultora de Koldo se comprometió a realizar análisis y sondeos de mercado, buscar nichos de negocio y presentar a potenciales clientes a los que Azvi pudiera prestar servicios. Por estas gestiones, se acordó una tarifa mensual de 6.000 euros y unos honorarios equivalentes al 0,75% del monto total de los contratos que se formalizaran gracias a la intervención de la consultora, si bien limitado a un importe máximo de 350.000 euros.

Un mes después, firmaron una adenda al contrato por el cual la consultora iba a prestar «servicios específicos de refuerzo del posicionamiento del Grupo Azvi en Sudamérica». Se acordó un pago único de 25.000 euros por este trabajo, detallan desde la compañía.

El contrato firmado con Erikapat incluía una cláusula de cumplimiento normativo y de su sistema de gestión y prevención de hechos delictivos. En el momento que éste se formalizó no existía «ningún hecho conocido ni evento de riesgo reputacional» que pudiera desaconsejar la firma.

El estallido del caso Koldo el pasado mes de febrero, cuando fue detenido el exasesor de Ábalos por un caso de presunta corrupción relacionado con la compra de mascarillas, cogió a muchos por sorpresa. También a empresas como Azvi. «Tan pronto como se tuvo conocimiento» de la detención del consultor a través de la prensa, el grupo declaró la resolución del contrato por incumplimiento de las condiciones y aplicando el código ético de la compañía. Azvi defiende que ha actuado conforme a su Sistema de Gestión y Prevención de Hechos Delictivos.