La caída de Bernat Soria: de ser el mejor pagado de la Junta de Andalucía a tener la pensión embargada

El resultado no puede ser más desalentador para el investigador «distinguido», el estatus que el daba el Gobierno andaluz del PSOE cuando lo contrató. Quien hasta hace tres años y medio era el hombre mejor pagado del sector público de la Administración autonómica es ahora un jubilado de 71 años que tiene que arreglárselas para llegar a fin de mes con una pensión parcialmente embargada por los juzgados. La actual ministra de Hacienda lo había fichado en 2009 como director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), adscrito a la Fundación Progreso y Salud, dependiente a su vez de la entonces consejera de Sanidad.

Desde su atropellada salida de la Junta de Andalucía, el fisiólogo experto en las células madre no ha sido noticia por sus ensayos y hallazgos clínicos sino por los pleitos en los que se ha visto envuelto. Los jueces han ordenado diversas ejecutorias para hacer cumplir las condenas que han ido cayendo en cascada sobre él, unas tras otras, tantas como autos que desestiman el arsenal de recursos que ha presentado para no tener que saldar las cuentas pendientes con sus acreedores.

Desde hace un año, el Juzgado de Instrucción número 27 de Sevilla le retiene 859,16 euros al mes de su paga de jubilado para intentar dejar a cero el contador de una deuda de 516.587 euros, el importe de un préstamo con intereses que había sido condenado a devolver a un antiguo socio. El pasado 11 de noviembre, el abogado del científico envió un escrito a otro juzgado, el de Primera Instancia número 28 de Sevilla, en el que le suplicaba que dejara sin efecto la retención ordenada sobre la pensión «al estar ya embargada en sus límites máximos por deudas cuya ejecución se ha decretado con anterioridad a ésta».

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Es el tercer embargo al que se enfrenta. Tiene su origen en una reclamación de 3.124 euros, una más en una creciente lista de acreedores, entre los que también figura un banco, Ibercaja. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla dictó el 19 de mayo de 2021 un auto en el que ordenaba al exministro y a su empresa Al Andalus Biopharma SL que cumpliese la sentencia que le obliga a reintegrar 86.845 euros más 26.000 euros en intereses y costas, correspondientes a otro crédito con garantía personal suscrito en 2018 con dicho banco. El letrado de Soria presentó al juzgado una resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que daba cuenta de que desde diciembre de 2021 le retienen 859 euros de la pensión, cuyo importe líquido es de 3.040 euros, de los que 965 euros –importe equivalente al Salario Mínimo Interprofesional– son inembargables.

El exministro tiene causas abiertas en al menos cinco juzgados distintos de Sevilla en los que siempre hay dinero de por medio. Los motivos son diversos: disputas por los derechos sobre diez patentes que se registraron cuando era investigador de la Junta, discrepancias con antiguos socios a cuenta de la quiebra de sus empresas, y deudas contraídas por él que superan los 632.500 euros y de las que ha intentado desentenderse con maniobras que orillaban la ley.

El exministro tiene causas abiertas en al menos cinco juzgados de Sevilla en los que siempre hay dinero de por medio. Los motivos son diversos: disputas por los derechos sobre diez patentes que se registraron cuando era investigador de la Junta, discrepancias con antiguos socios a cuenta de la quiebra de sus empresas, y deudas contraídas por él que superan los 632.500 euros y de las que ha intentado desentenderse con maniobras cuestionadas por los jueces.

Para no tener que responder con su patrimonio tras una sentencia que lo condenaba a devolver el crédito de 516.587 euros a la empresa Vegetal Green SL, Soria donó todas las propiedades inmobiliarias a sus dos hijas. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha procesado al investigador por un presunto delito de frustración de la ejecución por el que puede ser sancionado con penas de entre uno y cuatro años de prisión.

El ministro entre 2007 y 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alegó que la transmisión de bienes era una «tradición» familiar en su pueblo, Carlet, cuando una persona se jubila. El argumento no ha convencido al fiscal ni a la magistrada, que acusan al que fuera científico de cabecera en los gobiernos andaluces del PSOE de cometer una «despatrimonialización fraudulenta» que hizo «inviable la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible».

El exministro, que llegó a ingresar durante diez años más de 1,2 millones de euros como directivo en la fundación autonómica, está a un paso de sentarse en el banquillo. Un horizonte inimaginable para un investigador que cobraba el doble que el mismísimo presidente andaluz. Montero lo colocó en la Junta el 4 de mayo de 2009, tan sólo 27 días después de que Rodríguez Zapatero decretara su cese como ministro. Hasta la Cámara de Cuentas, en un informe de fiscalización, mostró su sorpresa por las elevadas retribuciones de Soria: 170.438 euros brutos anuales.

El sueldo llevaba aparejada una paga anual de 5.000 euros por una cláusula de exclusividad que incumplió. Le ocultó a la Junta que tenía negocios privados al margen de su dedicación como científico estelar de la Junta con tres presidentes diferentes: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Las abultadas deudas han terminado apagando al astro de la ciencia que saltó a la fama por usar células madre para curar ratones con diabetes.