El PSOE guarda silencio sobre su concejal de Arcos de la Frontera que hizo funcionaria a una mujer a cambio del voto de su familia

El PSOE andaluz no se ha pronunciado sobre la situación de la actual edil María José González Peña, quien, según el juez, urdió un proceso «teledirigido» para beneficiar a la trabajadora con un empleo público «prevaliéndose» de su condición de teniente de alcalde responsable de Hacienda y Personal en los meses previos a los comicios locales celebrados el 26 de mayo de 2019, en los que su partido revalidó el mandato con mayoría absoluta.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ofreció este lunes una rueda de prensa en la que acusó al PP de realizar una «gestión sectaria» en las administraciones que gobierna, centrando sus críticas en el pacto de gobierno que los populares mantienen con el partido La Línea 100x100 en la Diputación gaditana. No se refirió al caso de la concejala arcense. Tampoco le preguntaron por ello en la comparecencia pública.

ABC contactó ayer con el PSOE de Cádiz para conocer si iba a adoptar alguna medida disciplinaria, pero no recibió respuesta, cuatro días después de que este periódico publicara en exclusiva el auto de procedimiento abreviado que pone fin a las pesquisas y abre una fase intermedia que acerca a González Peña a un juicio.

El código ético del partido establece que cualquier «cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». Este proceso aún no ha llegado a esta fase.

El juez instructor de la investigación, Eduardo Vaquero Llevot, aprecia supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos en la actuación de cuatro personas, sin perjuicio de cualquier otra tipificación penal que pueda resultar durante el proceso. Aparte de González Peña, están procesados el que fuera su asesor y jefe de la Policía Local en este municipio de la serranía de Cádiz, Luciano Muñoz Castaño; el presidente del tribunal del concurso, Ricardo F. V., y la propia adjudicataria del puesto, Manuela F. N., que reconoció el trato que le habían ofrecido durante una reunión en un bar en junio de 2018.

«Como condición», el asesor de edil de la localidad gaditana «le solicitó» a la beneficiaria del empleo público que «por parte de ella, su madre, su marido, hermanas y demás familia y allegados, en las próximas elecciones municipales que estaban a punto de celebrarse [...], votasen a favor del partido político de la delegada de Personal, María José González Peña», especifica el juez en su auto.

Quien sí se ha pronunciado este lunes sobre el supuesto trato de favor ha sido Leopoldo Pérez, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y líder del grupo político Aipro, que gobierna en coalición con el PP desde 2023. Durante una entrevista concedida al programa 'Todo es mentira', en Cuatro, Pérez aseguró que «ha habido más situaciones» como ésta, con promesas de puestos, de las que «tenemos conocimiento» en el pueblo. Señaló que un puñado de votos «pueden ser decisivos para sacar un concejal más y dar un vuelco» en las elecciones municipales.

Durante la entrevista, el presentador Risto Mejide preguntó a la senadora del PSOE por Andalucía Susana Díaz sobre este caso. La expresidenta de la Junta, que es tertuliana del programa, señaló que «si está procesada por hacer eso, me parece mal. Esas cosas no se pueden justificar nunca jamás». «Me parece una carajotada» que lo haga por cinco votos, «si es verdad la noticia», puntualizó Díaz.

Mejide le reprochó que pusiera en duda «la veracidad» de la información, que recoge un auto judicial, «cuando se trata del PSOE». Susana Díaz insistió en que ABC es «un periódico serio de una línea editorial conservadora», pero que desconocía el contenido de la noticia.

Leopoldo Pérez también reconoció que el que fuera alcalde de Arcos José Luis Núñez (PP), dos exconcejales de su partido y otro de Aipro fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos en otro caso de supuesto enchufismo por «no seguir el procedimiento normal».