Según la investigación, este hombre se dedicaba a captar mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países marcados por la pobreza económica y cultural, la desigualdad y sistemas patriarcales en los que desconocían sus derechos básicos.
La operación culminó con la entrada y registro en el piso utilizado como prostíbulo, donde los agentes consiguieron liberar a cuatro mujeres, las víctimas más recientes, ya que la Policía estima que han sido numerosas las afectadas.
A los dos detenidos, de nacionalidad dominicana, se les imputan los presuntos delitos de prostitución forzosa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y al proxeneta se le imputan, además, cuatro delitos de agresión sexual.
Una explotación constante y diaria
Una vez en España, estas mujeres se encontraban sin recursos ni alternativas, viéndose obligadas a someterse a las condiciones impuestas por su explotador. El detenido establecía «normas abusivas y gravosas, imponiendo jornadas de 24 horas al día, siete días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos».
Las víctimas fueron obligadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta en contra de su voluntad, siendo tratadas como «simples mercancías». Tras estas agresiones, el detenido «llegaba incluso a entregarles pequeñas cantidades de dinero, reforzando la dinámica coercitiva y abusiva».
Durante el registro en el piso utilizado como prostíbulo la Policía encontró diversos efectos que respaldan la imputación. Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de los dos detenidos y la clausura temporal del «piso-prostíbulo», que llevaba varios años en funcionamiento.
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