Andalucía presiona para marcar la agenda de la cumbre de presidentes: financiación, sanidad, vivienda, inmigración y sequía

El ministro de Política Territorial, Víctor Torres, ha convocado a los representantes de todas las comunidades autónomas el próximo lunes para cerrar el formato y los contenidos de la Conferencia de Presidentes. El reglamento de este órgano confiere a este comité previo un papel relevante: una mayoría de comunidades podrá incluir asuntos en el orden del día y, en cualquier caso, se debe aprobar «con la conformidad del ministro y de al menos diez comunidades o ciudades con Estatuto de Autonomía».

Es decir, que la posición de Andalucía, en buena medida coordinada con el resto de comunidades del PP, es decisiva. La defenderá el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien marca una primera condición: «No aceptaremos ningún orden del día que no tenga una fecha para la celebración de la conferencia de presidentes. No puede ser otro paripé para ganar tiempo porque hay una denuncia de Andalucía admitida a trámite por el retraso en convocar este órgano de participación pese a haber sido requerido por la mayoría de las autonomías». Y si todas las comunidades del PP comparten esta posición, si no hay una fecha, no se podrá validar el orden del día.

A partir de este punto, tal y como el Ministerio solicitó, la Consejería de Presidencia ha remitido un documento con las propuestas de Andalucía para el orden del día de la reunión con el presidente del Gobierno andaluz. La mayoría de estos puntos están consensuados de forma que coinciden con las peticiones de otras comunidades gobernadas por el PP. Así, su aceptación por parte del Gobierno sea obligatorio.

Como no podía ser de otra manera el primer punto que reclama Andalucía que se aborde en la reunión es la financiación autonómica y específicamente el rechazo a una salida de Cataluña del régimen general y la aprobación de un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía.

Pero en este aspecto, la Consejería quiere abrir una derivada que afecta a uno de los grandes problemas de gestión que existen en estos momentos en Andalucía: el sistema de dependencia. La Junta quiere un acuerdo para que se alcance el reparto del 50% entre Estado y autonomía de los costes como preveía la ley. Y, sobre todo, que no haya unas comunidades que alcancen ese reparto (hay un acuerdo entre el PSOE y PNV para que se aplique en el País Vasco) mientras que otras tienen menos recursos. En el caso de Andalucía, el Gobierno aporta el 38% y la Junta el 62% restante, un porcentaje estatal que ahora mismo es superior al de Cataluña o País Vasco.

En segundo lugar, al igual que seguro harán otras comunidades como Canarias o Baleares, Andalucía quiere abordar de forma conjunta la situación de la inmigración irregular y específicamente los problemas de coordinación existentes y la falta de financiación para garantizar la acogida de menores. Sobre la mesa está, además, el debate sobre la modificación de la ley de extranjería, paralizada en el Congreso y que preveía el traslado obligatorio de menores de Ceuta y Canarias (cuando estén en situación de saturación) a la comunidad que se defina. Hasta ahora este reparto se ha hecho de forma voluntaria y Andalucía ha cumplido acogiendo a los menores de Ceuta, con quien existe un convenio .

La vivienda estaba prevista de entrada en esta Conferencia de Presidentes, dado que es el tema por el que se anunció inicialmente su convocatoria. Y la Junta de Andalucía lo comparte dado el conflicto autonómico existente y la preocupación creciente por las dificultades de acceso a un piso en propiedad o en alquiler. En este ámbito, las posiciones están enfrentadas: el Gobierno pide a las comunidades que apliquen la ley de vivienda y que complementen la financiación de medidas como el Bono Alquiler Joven, mientras que la Junta le pide al Estado que derogue la ley y que amplíe sus transferencias a las autonomías.

A este tema añade la Junta de Andalucía en su propuesta de orden del día la situación de la sanidad que, de acuerdo con las encuestas del Centra, se ha consolidado como la segunda mayor preocupación de los andaluces. El Gobierno andaluz quiere promover un acuerdo para aumentar las plazas de médicos MIR y que se «respete el marco de colaboración público privada de las comunidades».

En todos estos puntos, la posición de la Junta de Andalucía está coordinada con la del resto de autonomías. Pero además, la Junta quiere que se aborde otro tema con una incidencia más acusada en comunidades como Cataluña o Andalucía: la sequía. «Queremos que se aborde un plan de inversiones e infraestructuras para las comunidades afectadas por la sequía», completó.