Andalucía blindará por ley que la matrícula de la Universidad salga casi gratis a los alumnos que aprueben

Desde el año 2017, la Junta de Andalucía aplica bonificaciones de hasta el 99% en el coste de la carrera universitaria a los estudiantes de sus diez campus públicos. Actualmente, cada alumno paga el primer curso, salvo si tiene beca, y el resto le puede salir casi gratis si aprueba todas las asignaturas. Abona un precio simbólico del 1% al año siguiente por cada crédito aprobado en un curso. Esta medida afecta tanto a los grados como a los másteres y se ha ido renovando y ampliando año a año. En la terceras, cuartas y sucesivas matrículas, la bonificación general baja al 5%.

Por primera vez esta bonificación será un derecho con rango legal cuando entre en vigor el nuevo texto. Aparecerá en el decreto de tasas y precios públicos. La medida no dependerá de la voluntad del Gobierno de turno. Ello permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza académica, subrayó José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación.

El responsable autonómico puso de manifiesto que el anteproyecto de ley representa «la mayor reforma normativa del sistema universitario en los últimos 30 años». La norma sustituirá a la actual regulación que data de 2013 y ha sido consensuada con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.

Villamandos ha desgranado este martes las modificaciones que introducirá la futura ley tras obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno, que no se circunscriben a las universidades públicas.

Como novedad, se obligará a los campus privados a destinar un 3% de sus ingresos anuales a becas y ayudas al estudio y un 5% de sus presupuestos para financiar planes propios de investigación. Además, se establecen nuevas condiciones para abrir una institución privada en Andalucía como que los promotores y gestores de estas iniciativas dispongan de una trayectoria «contrastada» en el servicio público de educación superior.

La norma, que contiene 137 artículos, endurece los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de universidades privadas. La norma estatal no especifica los criterios para su reconocimiento, puntualiza el consejero de Universidad.

«Teniendo en cuenta que tenemos más de 15.000 estudiantes fuera del sistema universitario andaluz, debemos apostar por un ecosistema superior que sea de una gran calidad», justificó Villamandos. Curiosamente, es en la cercana Región de Murcia donde más estudiantes andaluces están cursando carreras. Para aumentar el control sobre los nuevos proyectos, el nuevo texto legal «clarifica» criterios y se pedirá un doble informe a la Agencia de Calidad Universitaria, indicó. A su vez, se pondrá en marcha un cuerpo de funcionarios de inspección de la actividad universitaria.

Según recoge la futura ley, para fomentar la proyección internacional de las universidades, todos los estudiantes tendrán que disponer del certificado B2 en un idioma extranjero para obtener un título académico oficial y también será obligatorio para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029. Ahora mismo se requiere a los alumnos un título B1. La idea es «fomentar el nivel de idiomas», precisó Villamandos.

Tras el visto bueno del Consejo de Gobierno, la Consejería de Universidad someterá el texto legal a información pública y solicitará los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades o del Consejo Consultivo para su traslado posterior al Parlamento andaluz como proyecto de ley.

La norma, según explicó el consejero, busca «favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica» de los profesores. Con este objetivo, permite que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento como los parques tecnológicos o cualquier otra administración durante seis meses para adquirir nuevas competencias. Asimismo, la futura norma fomenta las figuras del ayudante doctor, que inicialmente no contemplaba la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario.

La Junta apuesta en su nueva regulación por reducir los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, para combatir la precariedad laboral de la plantilla universitaria.

Actualmente, la edad media para alcanzar la estabilidad laboral del profesorado oscila entre los 45 y 50 años. Antes de la pasada crisis financiera, se producía a los 35 años. «Queremos volver a esa situación para tener un relevo generacional de calidad y no en masa», detalló el consejero.

Por otro lado, el anteproyecto corrige algunos criterios establecidos en la LOSU, haciendo valer sus competencias autonómicas. La ley del Ministerio de Universidades impedía a los docentes asociados impartir más de 120 horas por curso. La Junta elimina esta limitación. Hay universidades que «no han podido incorporar» a estos docentes «en programas posdoctorales de excelencia como consecuencia de esta norma del Ministerio de Universidades», lamentó el responsable autonómico.

En el articulado también se determina la disposición de un «modelo de financiación común» para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques. El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir la prestación los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.

El segundo bloque hace referencia a la financiación atendiendo a los resultados, articulada a través de los contratos programas; y el tercero, a la de nivelación, que tiene en cuenta las singularidades de cada institución académica y que permitirá corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores.

La norma también permite utilizar para inversiones los remanentes, es decir, las transferencias de la Junta de Andalucía realizadas a las universidades públicas que no se han ejecutado.