Andalucía aprobará en febrero un plan urgente de choque para construir 4.000 VPO cada año durante el próximo lustro

El Ejecutivo regional va a pisar a fondo el acelerador para duplicar la promoción de viviendas protegidas en Andalucía a un ritmo de 4.000 nuevos inmuebles al año que estarán destinados a familias con rentas bajas o medias.

Para resolver el agujero de VPO que hay en esta comunidad autónoma, la Junta adelantará algunas de las medidas recogidas en el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía que está tramitando la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. Entre otras novedades, la nueva norma autonómica permitirá dedicar suelo dotacional, edificios u oficinas sin uso a la edificación de viviendas protegidas.

«Los solares o edificios con uso turístico o de oficinas podrán destinarse de manera inmediata a la construcción de viviendas protegidas», ha destacado Juanma Moreno en el Foro ABC. Además, podrán destinarse a complejos residenciales los solares con «uso dotacional privado, como por ejemplo gimnasios o residencias de estudiantes, siempre que estas viviendas» se destinen de forma permanente a alquiler, ha detallado. Quedan excluidas las parcelas reservadas a equipamientos sanitarios o educativos.

¿Cómo lo va a hacer? «Con la fórmula de aplicar el sentido común y la propia simplificación administrativa», ha explicado el presidente andaluz. Para poner en marcha estas promociones, la Administración autonómica busca involucrar a los ayuntamientos. El decreto-ley «dará cobertura a los ayuntamientos» para agilizar el cambio de uso de los solares, ha continuado Juanma Moreno. Para abreviar los trámites administrativos, a menudo farragosos y largos, no será necesario modificar los instrumentos de ordenación urbanística.

La reforma legal que promueve la Junta de Andalucía pivota sobre tres ejes: autorizar una «mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO»; crear, junto a los ayuntamientos, «una bolsa de suelo para dar más transparencia» a la promoción de viviendas protegidas, y apostar por el modelo de colaboración público-privada. «No podemos hacer nada en el sector de la vivienda sin el sector privado». Así, «el Gobierno de Andalucía va a duplicar la promoción de VPO: 4.000 por año», ha resumido el también presidente del PP regional.

Para agilizar al máximo los plazos de ejecución, las actuaciones que tengan como objetivo «poner viviendas a disposición de los ciudadanos podrán ser asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos para que ésta los coordine, impulse y agilice». Esto permitirá reducir los trámites de las promociones hasta en un año. En concreto, bajo esta fórmula más rápida se van a construir al menos 250 viviendas protegidas o más de 500 con la reserva legal de VPO establecida siempre que se introduzcan criterios de sostenibilidad y supongan un impacto significativo en la oferta de vivienda protegida, según indicaron fuentes de la Consejería de Fomento. Dicha reserva era antes del 30% y ahora lo han subido con la ley estatal al 40%.

El dirigente andaluz ha reconocido que el acceso a la vivienda es «una de las grandes preocupaciones de la sociedad», ha reconocido el mandatario andaluz. El acceso y el precio de la vivienda ocupa el tercer puesto en las cuestiones que más inquietan a los andaluces, según el barómetro publiado por la Fundación de estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia.

Existe un exceso de demanda y una escasez de oferta, un desequilibrio que solo se resuelve aplicando soluciones «no ideológicas», ha señalado Juanma Moreno en el Foro ABC. «En nuestro país hay muchas menos casas disponibles de las que se necesitan, especialmente en las ciudades y en el litoral», ha añadido.

El modelo para regular la vivienda que defiende el presidente andaluz es completamente opuesto al que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, que plasmó en la ley estatal que está en vigor desde mayo de 2023. Esta norma ha naufragado con una estrategia basada en limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas de las ciudades. «La intervención del mercado, la imposición y la injerencia en las competencias autonómicas han fracasado», se ha desmarcado Juanma Moreno.

Andalucía ha optado «por una vía más eficaz, que nos sitúa como la comunidad líder en la construcción de viviendas tanto en términos absolutos como relativos, multiplicando por tres la promoción desde que llegamos al gobierno», ha defendido el dirigente regional.

Moreno reprochó al Ejecutivo del PSOE y Sumar la creación de falsas expectativas: «A los españoles se nos han prometido muchas, muchas viviendas —hasta 184.000 en los últimos años— pero un buen gobierno no está para encadenar promesas sin cumplir las anteriores», como ha escuchado a Pedro Sánchez. Desde la Junta, «ante problemas complejos no planteamos soluciones simples», ha esgrimido.

Durante su conferencia, el presidente andaluz ha hecho un repaso de las medidas que ha adoptado su gobierno para rebajar la pesada carga fiscal que pesa sobre la vivienda y para aligerar las trabas urbanísticas. La política de vivienda en Andalucía se asienta sobre tres pilares: incrementar la oferta del parque público en alquiler, simplificar la burocracia y reducir las cargas fiscales, ha detallado.

«En 2021 aprobamos una innovadora ley de ordenación del territorio —la denominada ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista)— que agiliza los procesos urbanísticos y reduce significativamente los plazos administrativos», ha proseguido.

Moreno ha señalado que la Junta de Andalucía fue «pionera» en adoptar rebajas fiscales para la compra o alquiler de una vivienda. Así, los jóvenes hasta 35 años se pueden deducir un 6% en el IRPF por la adquisición y hasta 900 euros en alquiler. En 2023 puso en marcha el Programa de Garantía Joven por el que la Junta de Andalucía se hace cargo de un aval hipotecario que, junto al préstamo bancario, permite a personas de hasta 40 años cubrir hasta el 100% del precio de la vivienda, ha subrayado.

El paquete fiscal de la vivienda impulsado por su Gobierno se ha traducido en un ahorro anual de 460 millones de euros para un total de los 250.000 andaluces que se están beneficiando cada año, ha especificado el mandatario andaluz.