El administrativo del SAS que se niega a tramitar expedientes de aborto

El problema es que puede toparse con un administrativo que no es un funcionario cualquiera. José Fernando Pérez Santos , que ganó su plaza por oposición, se niega por sistema y de forma tajante a realizar este paso alegando problemas de conciencia. Está a favor de la vida y considera «que el Derecho Natural está por encima de la ley positiva». Pero el SAS no le reconoce esta objeción. La ley de la exministra socialista Bibiana Aído , no derogada aunque ligeramente reformada por el gobierno de Mariano Rajoy, sólo admite la objeción de conciencia en el «personal sanitario que intervenga directamente» en el aborto.

Pérez Santos interpuso un recurso en el Tribunal Contencioso-Administrativo en 2010 a través del despacho del abogado Gabriel Velamazán Perdomo , que no les dio la razón, ni tampoco el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Justicia argumentó que había un desarrollo normativo, la propia ley Aído, que delimitaba a un colectivo específico –el personal sanitario–, la objeción.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha dado la razón a un farmacéutico sevillano que se negaba a dispensar la píldora del día después por problemas de conciencia, sin embargo, les ha devuelto la esperanza. El Tribunal Constitucional, aún incluso manifestando que existen dudas científicas y no hay unanimidad sobre el carácter abortivo de la píldora, le reconoce al farmacéutico que su objeción a venderla por problemas de conciencia emana directamente, sin necesidad de desarrollo normativo, de la propia Constitución que en su artículo 16.1 garantiza el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa.

Para Gabriel Velamazán no hay dudas: «Si la Ley Aído era tremendamente cicatera al reconocer el derecho a la objeción de conciencia respecto a los abortos sólo al personal sanitario que directamente interviniese, la comentada sentencia del TC abre la puerta a que cualquier persona relacionada de uno u otro modo con la muerte programada de no nacidos pueda objetar, ya sean médicos sin intervención “directa”, enfermeros, auxiliares, alumnos en prácticas de cualquiera de las anteriores disciplinas, administrativos...» Velamazán cree que «si bien no se va a frenar esta lacra silenciosa, sí va a permitir al menos que cualquier persona a la que moralmente le repugne pueda, legítimamente, esgrimir su derecho a la objeción de conciencia, que, en buena lógica, habrá de ser reconocido».

El funcionario administrativo Peréz Santos tiene un historial particular. Su objeción de conciencia no es un capricho de última hora, ni una forma de llamar la atención por nadar a contracorriente de una opinión pública que ve normal que en España se practiquen cien mil abortos al año. En 1976, recién muerto Franco y con el régimen dictatorial aún casi intacto , fue de los primeros objetores de conciencia a realizar el servicio militar. Por supuesto tuvo que huir al extranjero para evitart ser encarcelado. Le facilitó instalarse en su país una ong pacifista sueca. Se convirtió de esta manera en un prófugo. Luego volvió acogiéndose a una amnistía, pero su largo batallar administrativo no terminó hasta 1985, cuando le reconocieron por fin su derecho a objetar. «En aquellos tiempos, sin el servicio militar cumplido ni siquiera podías tener un trabajo normal u opositar», aclara. «Me hace mucha gracia los progresistas que en la época del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) me apoyaban, pero ahora me miran como un bicho extraño por oponerme al aborto», relata Pérez Santos para este periódico. Para él están muy claras cuáles son sus profundas convicciones: «El derecho a no participar en modo alguno en un itinerario que conduce a la muerte de los más débiles e indefensos, ya que no quiero tener ninguna implicación de ningún tipo en este holocausto».

«No quiero tener una responsabilidad moral como la recientemente admitida por el contable de Auschwitz, Oskar Gröning , que fue condenado hace pocas semanas por su participación “administrativa”; no tuvo ninguna actuación “directa” en la muerte de más de 300.000 judíos en el campo de exterminio nazi. No se opuso con fuerza a pesar de intuir lo que allí estaba ocurriendo», se defiende el funcionario por este paso dado, a la vez que anima a más gente a darlo.