La juez Núñez cambia el método de Alaya: permite grabar las comparecencias de los peritos

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, antes de la comparecencia, que se ha prolongado por tan solo 45 minutos , la magistrada ha informado a las partes de que iba a ser grabada, algo a lo que se había opuesto reiteradamente la juez Mercedes Alaya a lo largo de los más de cuatro años de instrucción de la causa.

Asimismo, la juez ha advertido a las partes de que se trataba de un acto estricto de ratificación y/o aclaración del informe en fase de instrucción y no en el acto del juicio, por lo que no iba a permitir la realización de preguntas que implicaran una valoración, debate o contradicción de las posiciones de cada una de las partes respecto a las conclusiones del informe.

Una vez los dos peritos de la Dirección de Seguros han ratificado sus conclusiones, ha comenzado el turno de preguntas, pero la Fiscalía Anticorrupción ha desistido de plantear cuestiones después de que la juez le haya declarado impertinentes las tres primeras preguntas al entender que implicaban una valoración de las conclusiones del informe.

Tras ello, y aunque la ratificación del informe estaba señalada inicialmente para tres días , la juez ha dado por concluida la comparecencia, cuyo señalamiento había sido aplazado hasta en tres ocasiones tras ser señalada inicialmente por la juez Mercedes Alaya para el día 20 de mayo .

La cita se había aplazado en dos ocasiones porque, según comunicaron al juzgado, tenían problemas para acudir a la citación judicial, en la que han ratificado el informe presentado en abril de 2014 ante la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya .

En ese informe se recoge entre las irregularidades que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza , hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía , apunta además que las mutualidades del grupo Fortia «carecían de la preceptiva autorización administrativa para operar fuera de Cataluña».

Los inspectores han analizado las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE y han concluido que se pagaron «comisiones significativamente superiores a la media de mercado», que estaba situada en el 2 por ciento en el periodo analizado, según los informes anuales de la Dirección General de Seguros.

En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis -vinculada a CCOO- 50.918 euros, dice el peritaje.

Añade que «se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10 por ciento », sobrecoste que «no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados».

Los inspectores concluyen que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, «era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público », lo que puede influir para la calificación de los presuntos delitos como de malversación.

En uno de los expedientes analizados, según el informe, se ha encontrado «evidencia documental de una grave irregularidad consistente en que la Junta de Andalucía ordenaba a la entidad aseguradora el pago de todas las comisiones que el mediador comunicara a la entidad aseguradora, lo que supone dejar al arbitrio de una parte interesada la fijación del precio total del seguro».

El informe afirma que «no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas mediante la participación de mediadoras" ni «justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras».

Contrariamente a lo normal en la mediación de seguros, la comisión no era establecida por las entidades aseguradoras sino por los propios mediadores, quienes «prevaliéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de pólizas fijaban su comisión fuera de los precios de mercado», concluye el informe.