Guía rápida para no perderse en el fraude de la formación

Paralelamente, la juez Mercedes Alaya ha puesto bajo lupa el descontrol de la Junta a la hora de adjudicar las subvenciones. La macrocausa acumula más de un centenar de tomos. La magistrada, que ha decretado el secreto de sumario, ha recibido los informes de los interventores de la Junta donde se pone de manifiesto el descontrol de la gestión autonómica sobre los cursos para formar a desempleados y trabajadores. Alaya, que trata de determinar la responsabilidad de la antigua nomenclatura autonómica en el supuesto fraude, ha imputado en esta causa al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández (acusado también de malversación de fondos públicos, entre otros delitos, en el caso ERE), así como al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda , que montó una red de empresas de formación que captó más de 48 millones de euros de la Administración regional.

Esta macrocausa se suma a las diligencias abiertas por jueces de las ocho provincias andaluzas por el presunto fraude millonario de la formación. Estas investigaciones se centran en las ayudas concedidas a empresas que estaban obligadas a contratar, al menos, a un 60 por ciento de los alumnos y entroncan con las redadas desarrolladas el pasado verano por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de las operaciones Edu y Óscar , que han tenido dos secuelas, Edu Costa y Edu Centro , en febrero pasado y a comienzos de esta semana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena , se ha inhibido en el juzgado de Alaya sobre la operación Óscar, donde fue detenido el exconsejero socialista Ángel Ojeda. Y no se descarta que el resto de juzgados acaben remitiendo las investigaciones al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya.

El caso Edu arrancó en Málaga , pero ha tenido ramificaciones en todas las provincias. Se centra en empresas que recibieron ayudas con compromiso de contratación de alumnos participantes en los cursos. La UDEF descubrió que gran parte de los fondos públicos repartidos por la Junta fueron a parar de empresas dedicadas a la «caza de subvenciones» , con «falta de solvencia y experiencia».

Entre otras irregularidades, la UDEF aludía al incumplimiento generalizado del compromiso de contratación . Tras analizar los distintos expedientes de subvención nacidos de la resolución de diciembre de 2010, la Policía estableció las diferentes responsabilidades penales que resultan de los hechos analizados, en las que distingue entre los ilícitos cometidos por los beneficiarios de subvenciones e irregularidades en el otorgamiento y control de las ayudas.

En las primeras figura la falsedad en la presentación de documentos , así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de la personalidad de determinados tutores o de gastos supuestamente producidos.