Los «torpedos» de la Junta a los jueces en cinco casos de corrupción

La antigua Consejería de Empleo tardó veinte días en llevar a la Fiscalía las cintas que dos empresarios del Grupo La Raza depositaron en el despacho de un asesor del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves. Cuando se decidió a hacerlo, el 16 de febrero de 2009, se limitó a dejarle un sobre con los archivos sonoros en bruto. Sin transcripción ni denuncia. En aquellas comprometedoras grabaciones, dos directivos del mercado de abastos de Sevilla exigen el pago de una comisión de 450.000 euros a cambio de ayudas autonómicas para montar una escuela de hostelería. El esquema de funcionamiento se resume en una frase que radiografía la corrupción instalada en la Autonomía tras 30 años de absoluto poder del PSOE: «La Junta colabora con quien colabora», proclama uno de los condenados por cohecho.

José Antonio Griñán blasonó de haber llevado la iniciativa en sus intervenciones públicas. Pero la realidad es que no fueron los primeros en denunciar. La investigación judicial se reactivó cuando el PP presentó una querella ante el juzgado de guardia, después de leer el deplorable contenido de las cintas en ABC .

Con la instrucción de Alaya en marcha, que indaga en los sobornos y el supuesto delito societario, el PSOE, que ejerce como acusación, empieza a torpedear sus pesquisas. Instó a la juez a dejar el «caso Mercasevilla» alegando que estaba «bajo sospecha» al conocerse que su marido auditó la empresa municipal durante siete años. Los socialistas, sin embargo, rehusaron adherirse a la fallida petición de recusación que suscribieron una imputada y la Fiscalía.

Los ataques a la magistrada se recrudecen a partir de 2011, cuando la titular del juzgado de Instrucción seis de Sevilla descubre de manera casual, cuando estaba investigando el «caso Mercasevilla», que el Gobierno andaluz había ingeniado un sistema para repartir sin límite ni control dinero destinado a los desempleados. Halló un «fondo de reptiles» de 721 millones de euros que durante diez años sirvió para inflar las cuentas de empresas fantasma y pagar prejubilaciones de personas que jamás habían pisado una empresa, «mordidas» a sindicatos, mediadores y abogados, y hasta fiestas regadas con gin-tonic y cocaína para el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, según confesó su exchófer.

Tres años y medio después, la juez ha culminado su trabajo y está a punto de empaquetar el enciclopédico sumario de los ERE para enviarlo al Supremo, al que compete interrogar a los siete políticos protegidos por el fuero parlamentario: dos expresidentes, Chaves y Griñán, y cinco exconsejeros.

En su larga y compleja instrucción, el PSOE nunca se lo puso fácil. Al principio negó el escándalo. «No tiene recorrido; han pinchado un hueso» o «esto es cosa de tres o cuatro golfos», fueron las declaraciones que coparon los titulares de prensa en los inicios. Poco tardó en aparecer la guerra sucia. Nadie mejor que Alfonso Guerra, el ariete por excelencia, para abrir fuego. Deja caer que «hay una relación fuerte personal entre la jueza y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido».

La Junta amplificó las flaquezas de Alaya: demoras injustificadas de declaraciones, interrogatorios «inquisitoriales», imputación selectiva de políticos (dependiendo de si estaban o no aforados), curiosas coincidencias de sus decisiones más cuestionadas con momentos claves de la agenda electoral o la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz... Todas estas acusaciones planearon sobre la instructora mientras cruzaba imperturbable cada mañana la puerta de los juzgados arrastrando su inseparable «trolley», donde guardaba sus autos bomba.

Los ataques dialécticos pronto dieron paso a los torpedos. La Junta se negó a facilitarle las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 a 2010 y planteó un conflicto de jurisdicción que el Supremo falló a favor de Alaya. La Guardia Civil se percató de que «se sacó documentación comprometida» en la sede de la Consejería durante un fin de semana para evitar las preguntas y miradas indiscretas de los funcionarios.

El Ejecutivo ha ido modulando su discurso a medida que Alaya iba escalando peldaños desde abajo hacia arriba, siguiendo el esquema piramidal de la trama que tiene en su cabeza. Hasta en dos ocasiones tuvo que pedirle la lista completa de los intrusos en los ERE. Con lentitud, la Junta introdujo mejoras para tapar las deficiencias que propiciaron el fraude. En 2012, Griñán eliminó los intermediarios que hicieron negocio con la gestión de las pólizas. Trece años después de instaurarse el modus operandi para ocultar a los controles el destino de cientos de millones, Díaz sacó una orden que redoblaba la vigilancia de la Intervención sobre las transferencias de financiación que se realizan a los entes instrumentales de la Junta. El objetivo: evitar que se repitan casos similares.

Sin embargo, la impostura quedó de nuevo patente cuando la Junta recurrió la imputación de veinte altos cargos, entre ellos la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. Alaya le reprochó que adoptara «una posición más propia de una defensa que de una acusación particular». La gran paradoja es que el Gobierno andaluz pagaba los abogados a sus cargos a la par que intentaba calmar a una opinión pública escandalizada con la promesa de recuperar «hasta el último céntimo defraudado», otro mantra que carece del contraste con la realidad.

Ni diligencia ni mucho menos anticipación a la Justicia. Las revelaciones periodísticas fueron por delante de la investigación autonómica una vez más. Los andaluces conocieron así que dirigentes «ugetistas» pagaron con subvenciones una mariscada de 2.047 euros, se compraron maletines falsificados, cobraron sobresueldos o costearon una cena con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla en 2010. El Gobierno andaluz ha tardado casi un año en personarse en el caso amparándose en el secreto de sumario.

El juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, investiga la posible financiación irregular del sindicato con fondos de la Junta, unas pesquisas que inició Alaya. El Gobierno andaluz ha pedido «rapidez» a la Justicia tras la detención de dos exdirigentes «ugetistas». Este repentino celo cumplidor contrasta con su lentitud proverbial para revisar las subvenciones sin justificar y exigir devoluciones por su uso irregular. De todas las vías posibles que existen para reclamar el dinero al sindicato hermano del PSOE, ha escogido la más larga: la apertura de expedientes de información previa. Ante el goteo de noticias sobre facturas falsas, mordidas o «botes», la Consejería de Economía inició la revisión de 21 expedientes. Hasta el momento sólo le ha reclamado en firme a UGT-A 1,8 millones de euros,aparte de los 25.000 euros ya devueltos, que corresponden en parte a la comida de la Feria de Abril.

Hasta diciembre de 2015, los andaluces no empezarán a conocer la punta del iceberg del agujero dejado por el fraude de los cursos de formación al menos en lo que respecta a la investigación iniciada por la Junta, según vaticinó el consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso. Para esa fecha espera haber chequeado el 30 por ciento de las «montañas de expedientes» de 2007 a 2011 pendientes de revisar.

La inacabable inspección de la Administración choca con su eficacia estajanovista a la hora de exonerar a empresas y entidades del requisito legal de justificar las ayudas, condición ineludible para acceder a nuevos fondos. Alaya, que investiga las ayudas de 49,5 millones a la formación para el empleo, cifró en 950 millones las subvenciones sin justificar, entre las que se encuentran decenas de ayudas concedidas al exconsejero Ángel Ojeda, que acaparó hasta 50 millones.

Cansada de esperar la entrega de cientos de expedientes que le había requerido, la juez envió en mayo a agentes de la Guardia Civil al despacho del director general de Formación para retirarlos.

El mismo mecanismo, el mismo descontrol, los mismos vicios y trabas para facilitar el trabajo a la Justicia se reprodujeron, como en un guión, en el caso de la empresa de gestión de capital riesgo Invercaria, por el que está imputada toda la antigua cúpula de la sociedad de la Junta, incluido un s obrino del expresidente Felipe González . El juez Juan Gutiérrez Casillas tuvo que ponerse serio y dar un ultimátum al actual presidente de Invercaria para que se aviniese a entregar documentación acerca de 35 empresas financiadas con fondos públicos, bajo amenaza de imputarle «un delito de desobediencia a la autoridad judicial».