Ana Duato se resiste al pacto con la Fiscalía e insiste en que ya pagó a Hacienda

Un día después de que su compañero de reparto en la famosa serie reconociera hasta cinco delitos fiscales, llegando a un pacto tanto con la Fiscalía como con la Abogacía del Estado que ejercen la acusación en el caso Nummaria y evitando la prisión, la defensa de la actriz ha rechazado reconocer los hechos y ha avanzado que defenderá su inocencia hasta el final del juicio.

La Fiscalía acusa a la actriz de no declarar los ingresos por su trabajo entre 2010 y 2017, acusándola de siete delitos fiscales y solicitando para ella una pena de prisión de 32 años.

En el trámite de las cuestiones previas, el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, que la representa, ha sostenido que Duato ya pagó a Hacienda por tres años en los que ingresó menos de 120.000 euros y no los declaró a Hacienda.

Respecto a los otros cuatro cursos que se le achaca no haber declarado, Molina defendió que no han sido objeto de la causa en el periodo de instrucción y, por lo tanto, que ahora formen parte de los hechos enjuiciados supone una vulneración de su derecho a la defensa. «No se han respetado las reglas del juego», se quejó el letrado.

La actriz estuvo entre los tres únicos acusados que acudió al segundo día del juicio que se sigue en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) puesto que la presidenta del Tribunal permitió que los acusados no estén en la sala hasta que comiencen sus declaraciones.

Los abogados de la defensa continuaron este miércoles con las cuestiones previas, que previsiblemente se alargarán hasta el final de la semana. El catedrático y abogado penalista Luis Rodríguez Ramos, representante del procurador del despacho Nummaria a quien se acusa de pertenecer a una organización delictiva para evadir pagos a Hacienda, consideró que el tribunal debe resolver las peticiones de nulidad antes de dictar sentencia.

Igual que las defensas que le precedieron, aludió a una posible nulidad en la obtención de la prueba en la que se basa toda la causa. Tras los registros en el despacho de Fenando Peña, el responsable de gestionar las cuentas de los actores y otras personalidades, los abogados se quejan de que toda la documentación fue directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), sin pasar por el Juzgado.

Rodríguez Ramos recordó, como precedente para el caso, que en 1984 el Tribunal Supremo decidió anular las pruebas, que se basaron en escuchas telefónicas, del caso Naseiro, uno de los primeros casos de corrupción juzgados en España. En aquella causa, el letrado defendía al diputado del Partido Popular Ángel Sanchís.