Albares acepta la ronda con embajadas de una consejera catalana condenada por el 1-O

Seis años después de la celebración del referéndum ilegal convocado por Puigdemont y su entonces lugarteniente, Oriol Junqueras, cuyo resultado no solo no fue validado por los estándares democráticos internacionales sino que, además, no sirvió para reconocer a Cataluña como sujeto político autodeterminado, el Ejecutivo en funciones permite el contacto en el ámbito diplomático a los que pretenden romper la unidad constitucional y protagonizaron el 'procés' secesionista.

Con las dos reuniones de este jueves, el equipo de exteriores de la Generalitat y Serret, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación por desobediencia –cuya sentencia no es firme y está recurrida ante el Tribunal Supremo–, cuando formaba parte del ejecutivo de Puigdemont y que se fugó tras el 1-O, habrán contactado ya con todos los países de la UE.

«Entre los viajes a Bruselas, los dos viajes a Madrid y alguna recepción en Barcelona, en la últimas semanas se ha hablado con todos», confirmaron ayer fuentes oficiales de la Consejería que, sin embargo, no desvelaron «por discreción, por respeto a ellos, para no ponerlos en el foco o que haya especulaciones» con qué dos países cierran este periplo diplomático consentido.

Aunque desde el Ministerio de Albares aseguran a ABC que, para estos encuentros, no es necesario un control previo del Ejecutivo y recuerdan que hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con el embajador de China en España, desde el Govern confirman que están informando de todo al Palacio de Santa Cruz: «Hay contacto permanente e intercambio de información. Saben que estamos haciendo esta ronda de contactos con los países de la UE para exponerles argumentos a favor de la oficialidad del catalán y ayudar a despejar dudas».

Esta coordinación –que en el Ministerio no confirman porque no informan de «las comunicaciones con otras administraciones»– la confesó la propia Serret, hace tres semanas, en su primer viaje a Madrid con el mismo fin que el de hoy. «La sintonía con el Ministerio es buena», declaró tras salir por la puerta del Palacio de Santa Cruz y después de verse con tres embajadores. Después se ha sabido que uno de estos fue el de la República Checa. En Barcelona, hace unos días, el encuentro fue con el representante de Finlandia. Y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, se vio –el día que liberó la agenda para cerrar el pacto con el PSOE este mes– con el embajador de Grecia en España, Ilias Fotopoulos.

En cualquier caso, el propósito de Serret y el de Albares es el mismo. El ministro lleva dos intentos fallidos para cumplir con una de las exigencias de Puigdemont para que Junts invista a Sánchez: que el catalán sea lengua oficial en la UE, en igualdad de condiciones que el resto de las 24 lenguas oficiales y de trabajo. Albares suma al catalán, la misma petición para el gallego y el vasco, para agradar igualmente al BNG, el PNV y Bildu, socios de los socialistas para que Sánchez retenga La Moncloa.

La decisión sin embargo debe aprobarse por unanimidad de los Estados miembros de la UE y varios países han mostrado sus reticencias al respecto, pues abriría una grieta para la oficialidad de lenguas que no son a su vez oficiales en la totalidad del territorio de sus países. Algunos de los países que han hecho públicas sus dudas, como mínimo, son Estonia y Suecia, por motivos diferentes. El primero, por el número de rusófilos que viven en su país y el segundo, por el coste económico de incluir tres lenguas oficiales más a las 24 ya existentes.

En la tarea de persuasión y pedagogía para sus intereses, el Govern, según ha informado esta misma semana, también ha enviado un informe a los países europeos, elaborado por la propia administración autonómica, con el que trata de despejar las dudas que los representantes de los Estados miembros puedan tener.

Este informe complementa los argumentos esgrimidos por Albares en los foros comunitarios y que, básicamente, consisten en convertir el catalán en «lengua oficial» de toda España, cuando en realidad es «cooficial en Cataluña», junto al español y el aranés en el Valle de Arán (Lérida), y asegurar que el coste económico de la ampliación lingüística recaerá sobre las arcas públicas españolas.

Igualmente, el Ejecutivo de Aragonès ha puesto en marcha una campaña para incidir en la opinión pública europea con propaganda en la vía pública y en los medios de comunicación de todos los países de la UE.