Una acusación popular pide al juez que intervenga los móviles de Leire Díez

Así consta en el escrito elaborado por la asociación Hazte Oír, en el que también se interesa que se requiera a la Fiscalía que aporte al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los documentos, las grabaciones y demás archivos digitales que contiene el dispositivo USB y otros dispositivos que facilitó el PSOE al Ministerio Público y que, en teoría, «supuestamente contienen las grabaciones y el material» que entregó en la sede de Ferraz Leire Díez el pasado 3 de junio.

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En este sentido, también quiere que el juez Arturo Zamarriego -que acordó a finales de julio citar como investigada a Leire Díez- pida a la formación socialista la información y documentos que le entregó la 'fontanera' así como cualquier posible copia que hubieran podido realizar «tanto de dicha documentación como del pendrive o dispositivos en los que se contenían las grabaciones y demás archivos digitales».

Hazte Oír quiere que una vez recabada la documentación tanto de Fiscalía como del PSOE, todo vaya a parar a manos de la UCO para que los agentes puedan elaborar «los correspondientes informes en relación a su contenido y a los hechos investigados».

Y va más allá, porque interesa también que el juez ordene al PSOE que le informe «sobre la relación que tuvo y tiene con la investigada (si fue afiliada, ocupó cargo orgánico, fue contratada, etc); si hubo pago de alguna prestación económica por sus posibles servicios, y en su caso el importe de los mismos, las fechas de pago, y el concepto en que se le satisfizo; y sobre si se puso a su disposición algún número de teléfono (fijo o móvil) o algún correo electrónico, o algún otro instrumento de comunicación».

Entiende la acusación que estas diligencias son «útiles, necesarias y pertinentes» dado que en esta causa el juez investiga si Leire Díez pudo cometer delitos de tráfico de influencias y cohecho al prometer determinados beneficios judiciales a un encausado a cambio de que le diera información sensible relativa a uno de los jefes de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas.

Considera que ese USB podría arrojar luz sobre si «trataba de reunir información de diversos operadores jurídicos con el fin de obtener material que le permitiese influir en ellos».

Y en cuanto a la diligencia de intervenir sus teléfonos, explica que esa medida es urgente dado que la declaración de la investigada no se realizará hasta el 11 de noviembre por lo que hasta entonces podría borrar «evidencias fundamentales para la investigación». Recuerda en este sentido el caso del fiscal general del Estado, que «procedió al borrado de sus dispositivos, dificultando de forma relevante el desarrollo de la investigación».