El horizonte judicial de Leire Díez se complica con otra nueva causa

En su resolución, la juez María Isabel Durántez indica que para el abogado del partido, Luis Pardo, los hechos «pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal». La juez entiende que presumiblemente se podría estar ante «una infracción penal» y por eso incoa diligencias previas, si bien en este mismo auto decide inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid dado que éste ya abrió causa por los mismos hechos.

Cabe recordar que el titular de este último juzgado, Arturo Zamarriego, acordó a finales de julio citar en calidad de investigada a Leire Díez a raíz de la querella presentada por la asociación Hazte Oír, y puso fecha para esa declaración, el próximo 11 de noviembre. Le imputa delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez citó también en calidad de testigos al empresario Javier Pérez Dolset -investigado por la Audiencia Nacional-, al abogado Jacobo Teijelo -que forma parte de la defensa del ex número tres del PSOE Santos Cerdán en el caso Koldo-, y al comandante de la guardia civil investigado también en ese caso Rubén Villalba. Adoptó esta decisión después de que la Fiscalía se mostrara a favor de que se investigue a la exmilitante del PSOE.

Precisamente, la Fiscalía madrileña llevó hasta ese mismo juzgado una querella en la que recogía el presunto intento de soborno del que habrían sido víctimas dos fiscales: Ignacio Stampa -uno de los fiscales clave del caso Villarejo- y José Grinda -fiscal Anticorrupción que ha liderado la investigación contra Pérez Dolset por un presunto fraude en las subvenciones relacionado la empresa ZED-.

Ese asunto, en cambio, está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el Ministerio Público recurriera la decisión del magistrado de no admitir la querella para unirla a la causa contra Leire Díez.

La denuncia presentada por Iustitia Europa, a la que también tuvo acceso ABC, señalaba que los días 26 y 27 de mayo de 2025, habían aparecido «noticias relativas a la existencia de presuntas prácticas ilícitas con indicios racionales de varios supuestos ilícitos cometidos presuntamente por parte de determinadas personas».

Se refería, a la información publicada por 'El Confidencial' en la que se daba cuenta del audio de la reunión a la que asistieron tanto Díez como el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo y en la que conectaron por videoconferencia con Hamlyn, investigado en el marco de una causa de fraude en el sector de los hidrocarburos. Indica Iustitia Europa en su denuncia que Díez, «vinculada al entorno del PSOE», afirmó en esa conversación que «si Balas está muerto, mejor», en referencia al teniente coronel de la UCO.

«Esta declaración se enmarca en una supuesta operación clandestina organizada para desacreditar a la UCO, unidad que ha estado investigando casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español y a otras personalidades cercanas al mismo», resalta la formación presidida por el propio Pardo.

Añade que, según otras informaciones, dos investigados más por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional «recibieron propuestas para colaborar en la campaña de desprestigio contra la UCO». «Refuerza la sospecha de una trama coordinada para desactivar la capacidad investigadora de la Guardia Civil en asuntos de corrupción política», explica.

Ahora, tras conocerse que la juez se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, desde Iustitia Europa avanzan que no recurrirán esa decisión y procederán a personarse como acusación popular en el mismo.

Con éste, ya son tres juzgados los que han acordado abrir causa a Leire Díez. Al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid -que aglutinó las querellas de Hazte Oír tanto en Madrid como en Badajoz- se suma el número 2 que abrió diligencias también después de la denuncia presentada por la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). Falta por conocer qué hará el número 26 de la capital, sobre el que recayó la denuncia presentada por al Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).