Una acusación pide ya al juez que siente en el banquillo a García Ortiz ante la «abrumadora» prueba en su contra

En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, la APIF asegura que la prueba que provenía del TSJ de Madrid, donde inicialmente se empezó a instruir esta causa, se ha visto reforzada a lo largo de estos meses en el Supremo por las declaraciones de los investigados, que en el caso de García Ortiz se negó a responder al juez; declaraciones testificales (especialmente la de la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra o el jefe de prensa Íñigo Corral) o los atestados de la UCO, especialmente el derivado del registro del despacho de la coimputada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

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"Así, por ejemplo, seguimos sin saber por qué el investigado Álvaro García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil (...). Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente", apunta.

También resultan "relevantes", señala la APIF, las testificales de la responsable de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, y de Corral "en tanto que corroboran, en relación con la nota de prensa publicada por Fiscalía la mañana del 14 de marzo, la imperiosa necesidad del Sr. García Ortiz –en colaboración con Pilar Rodríguez– de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada".

Añade, en esta ocasión desde una perspectiva negativa, al tratarse de testigos de los imputados, que el periodista de la Sexta que difundió la información presuntamente filtrada por el fiscal general, "siempre habló" de "fuentes de la Fiscalía", lo que excluye al Juzgado Decano (que nada podía saber de si las partes alcanzaban o no un acuerdo) y a la parte querellante. Ni la Inspección Fiscal ni la teniente fiscal del Tribunal Supremo han aportado indicios que señalen hacia otro posible autor del delito, "lo cual sería deseable, dado que los datos estaban solo a su disposición y deja realmente en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal que demuestra que no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados".

En resumen, aquí "concurre un acervo probatorio desmesurado" que, una vez dictado el auto de procedimiento abreviado, deberá valorar el órgano de enjuiciamiento, añade la APIF.

A las dos diligencias que faltan por practicar (una comparecencia de los peritos de la UCO para aclarar cuestiones relativas al registro del despacho de Pilar Rodríguez y la declaración testifical de la pareja de Ayuso) la APIF pide que se sumen otras dos. Una de ellas es que se oficie a la UCO para que determine si en el teléfono de García Ortiz "constan o no agendados los teléfonos" de Pilar Sánchez Acera, ex número dos de Óscar López en el gabinete de presidencia; el del director de Gabinete de Ayuso Miguel Ángel Rodríguez y el de siete periodistas que fueron llamados como testigos.

Respecto a Sánchez Acera, recuerda que es quien remitió la información al exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid Juan Lobato; y los demás fueron propuestos por las defensas. Varios de los periodistas afirmaron conocer la información previamente "sin aportar más detalle amparados por el secreto profesional". "Entendemos que la medida no es invasiva de los derechos fundamentales, desde el momento en que varios de ellos reconocieron ante el instructor que tenían el teléfono del investigado y no se está accediendo a concretas conversaciones, sino a la mera constancia de si el querellado tenía o no el contacto de dichos periodistas, especialmente de quienes parecen querer servirle una coartada".

La segunda diligencia que propone la APIF es requerir a la jefa de la Inspección de la Fiscalía los tres expedientes de dación de cuenta (información al superior jerárquico) relativos a González Amador. En su declaración como testigo, la fiscal superior, Almudena Lastra, hizo referencia a que "debían existir necesariamente" tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado.

"Vaya por delante que esta instrucción ha desvelado la existencia de algunas actuaciones 'paralegales o alegales', puesto que la única regulación que existe con rango de ley es lo dispuesto en el artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que hace referencia al deber de informar al Fiscal General del Estado de cualesquiera 'hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer', pero nada tiene que ver ni con la tramitación de expedientes (...)".

En cualquier caso, esos expedientes, que deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente "aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial, qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir, la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones y el qué hacía especial o digno de dación de cuenta al querellante, que recordemos que por aquellas fechas era un ciudadano prácticamente anónimo y cuya única relevancia ha resultado ser de quién era y es pareja, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Apunta la APIF que hay otra cuestión en la que no se ha profundizado y "solo quien conoce el funcionamiento real de la administración percibe: ¿por qué el Fiscal General del Estado le encomienda a Diego Villafañe (teniente fiscal de la Secretaría Técnica) la dación de cuenta y se elude el paso por su inmediata superior, la Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica?".