La asociación mayoritaria de fiscales exige a García Ortiz que se abstenga en un nombramiento que puede beneficiarle

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En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, la AF recuerda que la propia exposición de motivos del real decreto que creo esta plaza el pasado 29 de octubre la vinculaba a la «mejora en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública».

«No queremos entrar aquí en las dudas sobre la relación de esta fiscalía de sala (...) con las instituciones que en la actualidad funcionan muy adecuadamente» en esa lucha, como es la propia Fiscalía Anticorrupción, pero la AF considera que el fiscal general debe abstenerse de realizar propuesta alguna de nombramiento para la indicada plaza «atendiendo al principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones democráticas y del principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública«.

De acuerdo con estos principios, continúa el comité ejecutivo de la asociación, constituye causa de abstención «tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél». En este caso, para la AF ese interés personal está claro desde el momento en que «por el propio contenido de la función institucional que le ha de corresponder a la persona titular de este cargo, la de coordinar la actuación y consiguiente persecución de los delitos contra la Administración Pública en todo el territorio del Estado, le correspondería, también, en su caso, la intervención« en el procedimiento de García Ortiz por ser de especial trascendencia.

Recuerda la AF que la causa de abstención «no exige la influencia real y efectiva» en el asunto, sino «la mera posibilidad de influencia» y «no puede decirse que la posición del Ministerio Fiscal sea irrelevante en un procedimiento penal, con independencia de la presencia de acusaciones particulares o populares en los diferentes procedimientos».

La persona que formalmente sea propuesta, dice, puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos que servirán de «guía de actuación del conjunto de quienes integramos la carrera fiscal», y en este sentido «es indiferente» que el asunto penal en el que García Ortiz está implicado lo lleve la teniente fiscal del Tribunal Supremo, pues ella, como cualquier fiscal, «estará sometida a las directrices» establecidas por el nuevo fiscal de Sala coordinador en esta materia.

Cerrada ya la lista de peticionarios, concurren a esta plaza seis fiscales, ninguno de ellos de la AF, pero sí de la UPF y alguno no asociado. Entre los primeros, Carlos Castresana y Emilio Sánchez Ulled, actualmente en situación de servicios especiales como consejero de Justicia en la UE y cuyo mandato está a punto de vencer. Entre los segundos, el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo (el que cambió de criterio en el caso Tsunami) y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de Madrid, Virna Alonso, una de las protagonistas en las horas previas a la difusión de la nota de prensa por la que está imputado García Ortiz, según ha revelado el análisis del teléfono de la coimputada Pilar Rodríguez. Los otros dos candidatos son el fiscal del Supremo Rafael Escobar y la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell.