Los abogados de Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, renuncian a defenderle

En ese escrito, fechado a 31 de julio y al que tuvo acceso ABC, los tres letrados –Martín Zudaire, Myriam Ayerra y Blanca Sardina– y la procuradora advierten de su renuncia y solicitan al magistrado que requiera a Antxon Alonso que designe una nueva representación legal. Si bien no ha trascendido el detonante de esta decisión, Zudaire está especializado en asesoramiento civil, mercantil, administrativo y concursal, por lo que no llevar asuntos penales ha podido pesar en su decisión.

La figura de Alonso está muy ligada a la del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán puesto que ambos fueron amigos durante años -llegaron a compartir piso en Madrid- y también firmaron un contrato privado de venta de participaciones en Servinabar por medio de la que el político se hizo en 2016 con el 45% de las acciones por 6.000 euros.

Si bien tanto el político como el empresario defendieron en sus declaraciones como investigados ante el instructor del Supremo que ese contrato nunca llegó a tener efecto, tanto la Fiscalía como el juez sí le han dado validez y peso como indicio. Servinabar, una pequeña empresa de servicios navarra, fue en unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcción en varias de las obras investigadas en la causa, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que pudo ser el vehículo mercantil utilizado por la presunta trama conformada por Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García para canalizar los pagos de comisiones ilegales que pudieran haber recibido tras amañar, presuntamente, adjudicaciones de obra pública.

Además, gracias a la documentación facilitada al juez por la Hacienda Foral Navarra se ha podido conocer que tanto la hermana de Cerdán -Belén Cerdán–, como su cuñado Antonio Muñoz Cano recibieron pagos de Servinabar. Fuentes de la defensa del político advierten, no obstante, que esos pagos fueron por trabajos realizados, la primera como administrativa y el segundo, como albañil.

Martín Zudaire, el letrado que renuncia, pasó por la política de la mano del PNV y participó en el caso Davalor, ya archivado, en el que se investigó al exconsejero navarro Manu Ayerdi (PNV) por la concesión de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor desde una empresa pública.