La Abogacía del Estado pide al Constitucional que aparte a Macías del recurso de Junqueras por no amnistiar la malversación

Las fuentes consultadas indican que los Servicios Jurídicos del Estado aducen las mismas razones que acogió el TC para apartarle de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad registrados contra la ley de amnistía, esto es, que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció sobre la medida de gracia en dos textos con valor institucional.

Se trata, por un lado, de la declaración institucional aprobada el 6 de noviembre de 2023 por el anterior CGPJ a iniciativa del bloque conservador, en el que se incluía Macías. En la misma, avisaba de que, si finalmente se aprobaba la ley de amnistía —de la que en ese momento solo se conocían las negociaciones, pero no había ni borrador—, supondría la «abolición» del Estado de Derecho en España.

El segundo texto es el informe sobre la amnistía emitido por el CGPJ el 21 de marzo de 2024 a petición del Senado, donde el CGPJ concluía que es inconstitucional porque vulnera los principios de separación de poderes e igualdad ante la ley. Si bien su autor fue el vocal conservador Wenceslao Olea, fue aprobado con el voto de Macías, entre otros.

Macías fue recusado por la Fiscalía en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TS contra la ley de amnistía esgrimiendo esos motivos. El pasado 15 de enero, con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora, el Pleno del TC aceptó el planteamiento del Ministerio Público y apartó al magistrado de este asunto.

En el siguiente Pleno, del 29 de enero, acordó extender su recusación a los demás asuntos sobre la amnistía que había admitidos a trámite en ese momento: los 16 recursos del PP; los ejecutivos y parlamentos de las comunidades autónomas donde gobierna el PP; y el de la Administración socialista de Emiliano García Page en Castilla La Mancha; y las dos cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Posteriormente, en el Pleno del 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de amparo presentados por Junqueras, Romeva y Bassa, que no pudieron acudir a la corte de garantías hasta que se les cerró la vía de la jurisdicción ordinaria una vez que la Sala de lo Penal del TS se ratificó en su decisión de no aplicar la amnistía a la malversación del 'procés'.

Es en estos recursos de amparo donde la Abogacía del Estado ha recusado a Macías. Cabe recordar que los Servicios Jurídicos del Estado ya intentaron apartar al magistrado de todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, pero el TC lo rechazó por unanimidad al considerar que esta ristra de recusaciones se había formulado de forma extemporánea porque entonces —el pasado septiembre— esos 20 asuntos aún estaban en fase de admisión.

Tras prosperar la recusación lanzada por la Fiscalía, Macías se convirtió en el segundo magistrado apartado del debate sobre la amnistía en el TC. El progresista Juan Carlos Campo decidió abstenerse porque cuando fue ministro de Justicia dijo en los informes a favor de indultar a los líderes del 'procés' que la amnistía era «claramente inconstitucional».

Junqueras, Romeva y Bassa recurrieron en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.

Los tres dirigentes condenados por el 'procés' acudieron a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum del 1-O al interpretar que sí obtuvieron un beneficio personal y sí afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impusieron.

Precisamente, al acudir al TC también pidieron, como medida cautelar, que les suspendiera las penas de inhabilitación, las únicas que tienen vigentes tras los indultos, que les perdonaron la cárcel. El Constitucional ha abierto una pieza separada para analizar dicha solicitud. De momento, los magistrados han dado traslado a la Fiscalía y los recurrentes para que hagan alegaciones.

Si finalmente el TC acordara cautelarmente dejar en suspenso la pena de inhabilitación, quedarían rehabilitados para aspirar a cargo público hasta que el Constitucional se pronunciara sobre el fondo de sus recursos de amparo, según fuentes jurídicas. No obstante, las mismas subrayan que es «frecuente» que se pidan tales medidas cautelares pero «rarísimo» que se concedan.