El PP recurre ante el Constitucional su decisión de apartar al conservador Macías de todos los recursos contra la amnistía

Fuentes del PP señalaron que en su recurso ante el TC, los populares denuncian esa vulneración del derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado y también de los principios de contradicción e igualdad de armas.

«El Tribunal Constitucional ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido« al extender a todas las causas su decisión de apartar a un magistrado sin dar audiencia a las partes en los demás procesos, que son al menos 21.

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A juicio de las fuentes citadas, ese auto evidencia que el Constitucional no se aplica a sí mismo ni siquiera los estándares que ha venido exigiendo a otros órganos jurisdiccionales, garantizados por el artículo 24 de la Constitución Española y consagrados tanto por su propia doctrina y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«En el PP no vamos a permanecer quietos ante lo que entendemos es una vulneración, precisamente por el Tribunal Constitucional, de nuestros derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución Española«, apuntan.

En sus votos particulares, los magistrados del grupo conservador acusaron a la mayoría progresista de actuar «sin sustento legal ni precedentes» al extender la recusación del Macías a los 16 recursos y 6 cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con la amnistía. El magistrado Enrique Arnaldo llegó a calificar el auto del TC como un ejemplo de «creatividad jurídica». Los magistrados coinciden en que la decisión del Pleno de extrapolar la primera de las recusaciones a todas las demás ha supuesto una «manifiesta indefensión» para el afectado. Además, denunciaron la vulneración de presupuestos temporales y formales, como el plazo común de tres días para que las partes manifiesten si se adhieren u oponen a la causa de recusación propuesta.

«Sin apoyo legal ni en decisiones precedentes de este tribunal se desconoce no solo el derecho de intervenir y alegar a quienes han sido parte en los procedimientos en los que traen causa las cuestiones de inconstitucionalidad, sino también de las representaciones de quienes integran las Cortes Generales y de doce gobiernos autonómicos y tres parlamentos de distintas Comunidades Autónomas», quienes ostentan una legitimación constitucionalmente cualificada, apuntaron los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa.