La Fiscalía pide el archivo de la querella de exmagistrados y exfiscales contra el Rey Juan Carlos

En un escrito de 30 páginas remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso ABC, el fiscal Fernando Rodríguez Rey asegura que la querella «no contiene hechos de relevancia penal» y critica la «imprecisión» y «falta de claridad en el relato de hechos» elaborado por los firmantes de la querella.

Se trata de Santiago Alba Rico, Clemente Auger Liñán, Pilar del Rio Sánchez, Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín, José María Mena Álvarez, Miguel Mora Díaz, Javier Pérez Royo, Josep Ramoneda Molins, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Pablo Urías Martínez y Eduardo Ranz Alonso.

Todos ellos sostienen en la la querella que tales delitos se habrían cometido con posterioridad a su abdicación a la Corona de España, cuando, por lo tanto, «ya no gozaba de la prerrogativa de inviolabilidad e irresponsabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga a quien ostenta la dignidad de Rey de España y es Jefe del Estado».

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Sin embargo, tal y como explica el fiscal, los hechos objeto de la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo. Entonces, archivó las diligencias porque Don Juan Carlos había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros el 9 de diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros el 2 y 3 de febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal.

El fiscal es duro contra los querellantes: «Hay que advertir que el relato de la querella no contiene una exposición ordenada y clara de las distintas operaciones económicas que fueron objeto de investigación en sede de Fiscalía. Tampoco de los diferentes motivos que justificaron el archivo de cada una de ellas».

También los acusa de no expresar «con nitidez» cuáles son los hechos concretos, «de entre todos los que se refieren en el texto de la querella», en los que se basa la imputación de los cinco delitos fiscales no debidamente regularizados, «ni siquiera el concreto tributo defraudado».

Así, el fiscal intuye que «parece referirse al IRPF vinculado a los gastos realizados por Don Juan Carlos de Borbón y Borbón con posterioridad al 19 de junio de 2014, «que le fueron sufragados por la Fundación Zagatka y de los que resultarían contingencias tributarias por IRPF en los ejercicios 2014 a 2018», explica.

Pero el fiscal no se queda ahí. Considera que es una iniciativa «ciertamente peculiar» porque «pretende la 'revisión' en sede judicial» de un decreto de archivo dictado en seno de tales diligencias. «Y se hace», continúa, «por parte de quienes no fueron denunciantes ni, por supuesto, parte en aquellas diligencias de fiscalía, y, por tanto, no tuvieron acceso a lo actuado». Como consecuencia de ello, concluye, no pueden personarse ni presentar recurso alguno.

El fiscal Rodríguez Rey explica que la querella «no aporta datos, hechos o fuentes de prueba distintos o adicionales» a los contenidos en el decreto de archivo del Ministerio Fiscal y no adjunta documentación alguna que sustente la imputación. «No deja de ser paradójico que, transcurridos unos 2 años y 8 meses, se interponga una querella en base a un decreto que lo que acuerda, precisamente, es el archivo, y sin otra base que la propia resolución», añade.

En conclusión, la Fiscalía acusa a los querellantes de presentar un relato «comprimido e incompleto» de los hechos que se investigaron y de las actuaciones desarrolladas, «sin el debido orden y sistemática, que omite datos relevantes y que incurre en ciertas inexactitudes». Entre estas últimas señala como las más «llamativas» las que relacionan el archivo por motivo de regularización tributaria con los fondos que el Rey «percibió a través de la Fundación LUCUM o con las donaciones de las que fue beneficiario por transferencias procedentes de Allen de Jesús Sanginés Krause a través de Nicolás Murga Mendoza».