Zoido echó por tierra la coartada de Villarejo como «agente encubierto» tres meses antes de su detención

Martín Blas, que estaba duramente enfrentado a su excompañero , inquirió, entre otros asuntos, sobre dos cuestiones, apelando a la Ley de Transparencia: «Si existe o ha existido en la estructura orgánica del Cuerpo Nacional de Policía el cargo o puesto de adjunto al Director Adjunto Opativo, que se ha venido atribuyendo públicamente D. José Manuel Villarejo Pérez» y «si existe dentro del Cuerpo de Policía Nacional la figura de agente policial encubierto de forma permanente y al margen de la cobertura judicial para casos concretos, tal y como el señor Villarejo se la ha venido atribuyendo públicamente en los medios de comunicación».

Gemán López Iglesias, director general de la Policía designado por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le contestó un mes después. Desmintió que Villarejo fuera adjunto al DAO: «Conforme a la Orden Interior 28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía (...) no existe cargo o puesto de adjunto al Director Adjunto Operativo» .

Y, lo que es más importante, dijo esto sobre su condición de agente encubierto: «La figura del agente encubierto se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora r elacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves ».

Consultada la citada ley, no hay posibilidad alguna de que Villarejo fuera agente encubierto, pese a que llevaba la friolera de 23 años realizando actividades encubiertas con el conocimiento de las cúpulas policiales y de Interior.

La Lecrim se modificó para dar cobertura a la figura del agente encubierto «en el marco de las investigaciones relacionadas con la denominada delincuencia organizada» (drogas, armas, tráfico de personas... poco que ver con la denominada operación Cataluña , por ejemplo) y «bajo estricto control judicial y fiscal».

El texto sostiene que «se posibilita el otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior». Villarejo no pertenecía a la Policía Judicial y prestaba servicios encubiertos de forma permanente sin ponerlos «a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación».

Pero, ¿Villarejo actuaba por libre? Categóricamente no . Todas las fuentes policiales consultadas sostienen que trabajó a las órdenes del director adjunto operativo correspondiente. «Desde que Corcuera lo reincorporó de su excedencia, en 1993, hizo trabajos sensibles para todos los ministros del Interior», dicen a ABC fuentes de su entorno. Entre José Luis Corcuera y Jorge Fernández Díaz dirigieron esa cartera Mariano Rajoy, Ángel Acebes o Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros.

De hecho, la defensa de José Manuel Villarejo presentó al juez Manuel García Castellón tres cartas firmadas por tres directores adjuntos operativos de la Policía - Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino - que amparaban sus trabajos. Decían que sus actividad empresarial «era conocida por los mandos policiales y servían de cobertura para realizar actividades de investigación».

Díaz-Pintado especificó que «Villarejo actuó con total regularidad y eficacia como agente policial encubierto (...) sirviéndole su conocida actividad empresarial de cobertura». En sus declaraciones en la Audiencia Nacional del pasado enero, quizás sabedores del difícil encaje legal de lo que habían manifestado por escrito, matizaron notablemente el contendido de las cartas.