Zapatero baja el sueldo a 2,6 millones de funcionarios y congela 6 millones de pensiones

Durante toda la semana desde el propio Gobierno se había inducido a dudar de la necesidad de que las pensiones estuvieran dentro de la norma que han de convalidar las Cortes, porque en 2010 el incremento ya se ha abonado y hasta 2011 no hay pérdida de poder adquisitivo (lo que obliga a congelar por ley).

Pero la Comisión Europea y los ministros del Eurogrupo no se fían del recorte adicional programado, -0,5% en este año (5.250 millones) y un 1% (10.000 millones) el que viene, frente al 1% para este ejercicio y 2% adicional que ha programado Portugal, y ello ha aconsejado al Ejecutivo socialista llevar al Congreso un decreto-ley integral. Lo cual le va a generar problemas de convalidación, porque CiU ya ha dicho que, si la «congelación» de las pensiones iba dentro, votaría en contra, en vez de abstenerse, con lo cual al PSOE le quedan sólo convencer al PNV de la bondad del recorte.

Este ahorro a costa de los pensionistas (sólo se salvan las más bajas del recorte) se une al que se hará a costa de la nónima de 2,6 millones de españoles, empleados de la función pública, a los que el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero reducirá el sueldo en una media del por ciento. Tampoco se salvan otras partidas eminentemente sociales, como el llamado cheque-bebé, que desaparece tras dos años de «servicios prestados», el gasto farmacéutico y las ayudas a la dependencia. En total, un total de 15.550 millones a ahorrar este año y el próximo. Las dos vicepresidentas, que explicaron las medidas tras este histórico Consejo de Ministros, hablaron de las «dolorosas medidas» que el Gobierno ha tenido que tomar ante la «gravedad» de la situación financiera.

Entre CiU y la Comisión

De esta manera resolvía el Ejecutivo las tensas horas que le ponían entre la espada de Bruselas y la pared del Congreso y los apoyos que deseaba recabar al decretazo. El Gobierno se ha visto, pues, en estas horas preso de una disyuntiva: hacer caso a las presiones de la Comisión Europea para que la «congelación» de las pensiones fuera dentro del decreto-ley de recorte, en un intento por hacerlo más creíble ante las instituciones internacionales y los mercados, o bien hacer caso a la exigencia de CiU, y en menor medida del PNV para que lo saque del decreto si quiere su aprobación.

Fue muy significativo, en este sentido, que los ministros del Eurogrupo apoyaran anteayer las medidas «valientes» anunciadas por Rodríguez Zapatero, pero evitó ir más allá en su apoyo hasta ver el decreto. Una actitud de recelo que mantienen, aunque por motivos opuestos, los dos partidos nacionalistas que, eventualmente, permitirán que el decreto-ley pueda ser convalidado en las Cortes.

En una conversación que mantuvo el mismo miércoles 13, por la tarde, Elena Salgado, con el portavoz convergente, Josep Antoni Durán i Lleida, éste ya le adelantó que no apoyan lo de las pensiones y que lo quería fuera del decreto-ley si el Gobierno quería que CiU se quedara en la abstención. Los convergentes no se plantean, de inicio, aprobar tampoco el parón de inversiones y la bajada de sueldos a los funcionarios, pero sopesan su abstención para dar vía libre a la polémica norma porque también ellos están sufriendo presiones provenientes del exterior y de círculos empresariales para que no contribuyan al colapso político y económico del país.

De hecho, el propio José Luis Rodríguez Zapatero volvió a llamarle en persona el sábado 16 para insistir, según ha podido saber ABC, y Durán recalcó que su grupo no quería verse en tiempo preelectoral catalán apoyando una medida tan impopular. Zapatero le reprochó lo «duro» que estaba siendo en sus declaraciones públicas (acababa de pedir al PSOE un cambio de candidato), pero Durán i Lleida se mantuvo en que el Gobierno debe estructurar de otra forma el recorte y aprobar cuanto antes una reforma laboral.

Llamada telefónica

Esa tarde, el presidente del Gobierno telefoneó también al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que le dio largas. En palabras del portavoz peneuvista en el Congreso, Josu Erkoreka, «esperaremos a ver qué dice el texto porque parece que cada día se modifica su contenido». Un discurso menos duro que el de CiU y que hace prever al PSOE que el PNV finalmente apoyará el decreto-ley.