Willy Toledo irá a juicio el 17 de febrero por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos

La asociación Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra el actor por unos mensajes publicados en su perfil de la red social Facebook en 2015 y 2017 en los que insultaba a Dios y a la Virgen, y pide 22 meses de multa para él. Por su parte, la Fiscalía y su defensa piden su absolución por estos hecho, al situarlos en el marco de la libertad de expresión.

«Nos encontramos ante expresiones que, si bien pueden resultar malsonantes, incluso ofender a algunas personas, están amparadas por la libertad de expresión, máxime en el contexto de crítica política en el que son pronunciadas. Si todas las expresiones que ofenden a alguien fueran constitutivas de delito, habría más personas dentro de las prisiones que fuera», apunta el abogado de Willy Toledo, Endika Zulueta .

En un comunicado, el abogado ha reivindicado la despenalización del delito contra los sentimientos religiosos y ha criticado la postura de la asociación de Abogados Cristianos. «Se sitúa en las antípodas de la defensa de la libertad de expresión, formulando una acusación más acorde con los parámetros manejados en su momento por la Santa Inquisición, que por los que se corresponde a un Estado aconfesional del siglo XXI y, paradójicamente, nada que ver con la esencia de los valores cristianos», ha incidido.

En este sentido, se ha mostrado «convencido» de que Toledo «resultará finalmente absuelto» y con «confianza» de que el actor «sea la última persona enjuiciada» en España por un delito religioso que, a su juicio, «debía estar fuera del Código Penal, al menos, desde 1978».

Durante la fase de instrucción, Willy Toledo fue llamado a declarar en tres ocasiones. Tras no acudir a las dos primeras citaciones por considerar que no había cometido «delito alguno» sino que había «ejercido su libertad de expresión», el pasado 12 de septiembre fue detenido por la Policía para asegurar su comparecencia en los Juzgados.

El juez del juzgado número 11 de Madrid concluyó en su auto, hecho público el 26 de septiembre, que los hechos objeto de instrucción podrían ser «constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos», haciendo alusión al artículo 525 del Código Penal.