Vocales del CGPJ denuncian el autoritarismo de Lesmes

Así lo interpretan actuales vocales del Consejo. ABC ha hablado con siete, un tercio de sus miembros. Jueces y juristas, hombres y mujeres, conservadores y progresistas. El diágnóstico de todos es casi unánime: el CGPJ tiene que volver a ser el órgano que era antes de la reforma del entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón . «Esto no se puede volver a repetir. Se nos ha desaprovechado», dicen.

Los males del último mandato del Consejo vienen en parte por la reorganización en su estructura, pero también ha sido fundamental la personalidad de su presidente, aseguran. Así, la ley partió de una ya cuestionada diferenciación entre vocales con dedicación exclusiva (los que forman parte de la Comisión Permanente ) y los que compatibilizan esa tarea con su trabajo en el juzgado o en su despacho profesional. Lejos de gestionar de la mejor forma posible esta «jerarquización interna», los vocales denuncian que Lesmes ha ido aislando progresivamente a los de «segunda división» y ha utilizado la Comisión Permanente, el verdadero núcleo de poder del Consejo, para premiar (con su inclusión en ella) o castigar (con su exclusión) a los vocales a su antojo.

A pesar de que la ley recomendaba la renovación anual de esta comisión para que pasaran por ella todos los vocales al menos durante doce meses, lo cierto es que «quien ha sido leal, no ya a la institución, sino al presidente, se ha quedado durante todo o casi todo el mandato. A quien no lo ha sido le esperaba el destierro en su provincia. Aquella célebre frase de Lesmes –"a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria"– se ha llevado a la práctica de forma palmaria en esta Comisión, donde la zanahoria era la plena dedicación, 6.000 euros y coche oficial».

Sólo uno de los vocales consultados por ABC considera que este CGPJ ha sido « muy operativo » aunque comprende la «frustración» de quienes no han formado parte de la Comisión Permanente, que ha llevado todo el peso del mandato. Por encima de esa «frustración personal» está la institución, dice. Este vocal sí reconoce que la reforma erró al establecer distinciones entre los miembros del Consejo. A su juicio, una de las soluciones pasaba por reducir el número de vocales –«veinte son demasiados para el trabajo que hay»– y dar el mismo tratamiento a todos, como antes de 2013, pero eso exigiría una reforma constitucional.

A las críticas al control de la Permanente se suma el poder que dio la ley a una figura de nueva creación, el promotor de la acción disciplinaria , una persona de la confianza del presidente que decide si un juez tiene que ser castigado. La decisión sobre si se abre un expediente disciplinario, la calificación de la falta o el archivo, en su caso, lo decide el promotor. Y lo cierto es que la mitad de las denuncias se han quedado por el camino. La Comisión Disciplinaria no ha llegado a verlas, como tampoco ve los recursos contra los archivos, que van directamente a la Permanente. Y, a su vez, las decisiones de la Permanente no son revisables por el Pleno (donde están la totalidad de vocales), sino que quien las cuestione lo tiene que hacer directamente ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No es de extrañar el escaso entusiasmo que genera que un afectado presente un recurso contra la denegación de un permiso ante el Alto Tribunal cuando lo que está en juego son 3.000 euros de costas si uno pierde.

«Lesmes vende como fruto de su gestión el control del Consejo, que no haya dado que hablar, que no se haya convertido en un poder paralelo. Pero la realidad es que no solo nos ha ninguneado, sino que el CGPJ ha dado la espalda a los jueces y a los ciudadanos porque su política de comunicación ha sido nula», algo previsible desde el momento en que aniquiló la figura del portavoz e impuso un «régimen autoritario y dictatorial». El Consejo ha reaccionado tarde y siempre a remolque de las asociaciones, añaden, como se vio en el tema de Cataluña, y otros asuntos especialmente sensibles.

Aluden también a los escasos amparos dados a jueces durante este mandato, en el que magistrados como Mercedes Alaya no han dudado en expresar su malestar por el escaso apoyo del órgano en momentos de presión. Tampoco el Consejo fue claro con el juez Pablo Ruz. «Cinco vocales intentaron abocar a Pleno la ampliación de su comisión de servicios para seguir investigando al PP, pero la Permanente cerró el capítulo mandándolo de vuelta a Móstoles», señalan.

«Obviamente un modelo que concentra todo el poder en el presidente influye, pero nos habría ido mejor con una persona con más mano izquierda y que se tomara más en serio lo que hay que hacer que lo que no quiere que se haga», resume un vocal. «Hemos vivido una opresión total y absoluta».

Lesmes declinó responder a ABCsobre las cuestiones planteadas por los vocales acerca de su mandato.