Manuel García Castellón, juez del caso Villarejo - ISABEL PERMUY

Villarejo se apunta a la conspiración

Desliza en su declaración por el espionaje a Bárcenas descalificaciones del proceso judicial por la matanza yihadista

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El excomisario José Villarejo sabe que está acorralado y, a la vista de que ni las amenazas más o menos sutiles de «tirar de la manta» y «poner en peligro altas Instituciones del Estado» no le dan resultado alguno, ha decidido apuntarse ahora a teorías conspirativas, por supuesto sin detalles, ni concreciones, ni nada tangible, algo que él justifica porque el secreto de sumario se prolonga ya 15 meses y además la información está clasificada.

Ayer por la mañana el jefe de la trama Tándem reanudó su declaración ante el juez Manuel García Castellón, por videoconferencia desde la prisión de Estremera, en la que permanece desde hace ya más de un año. El expolicía insinuó a través de su abogado que el caso judicial del 11-M «se cerró en falso», en una alusión implícita a los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que la Audiencia Nacional atribuyó a una célula islamista. El letrado aseguró que su cliente quiere aportar información sobre este acto terrorista y los encargos que recibió de los gobiernos como «agente encubierto» del Estado.

«Ha mostrado su disposición a contar determinados hechos relativos a este luctuoso suceso, que se judicializó después, en cuanto que él cree que se cerró en falso», aseguró el abogado Antonio José García Cabrera, a preguntas de los periodistas, que le cuestionaron por la relación del caso que afecta al BBVA con ese suceso «luctuoso».

Según el abogado, el BBVA sería «un actor ocasional que nada tiene que ver» con lo que supuestamente él sabe de la matanza, a pesar de que se investiga una supuesta operación de espionaje por el posible asalto a la cúpula del banco. «Es muy posible que desconociera la transcendencia económica, internacional y política de esa operación», insistió. Aun así, el letrado dejó caer que el asunto relativo al banco sería una rama colateral de la operación que se puso en marcha desde el Estado por los atentados yihadistas del 2004.

Según el defensor, el encargo recibido es «posterior» al cambio de Gobierno que se produjo en marzo de 2004, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones y relevó al popular José María Aznar. El letrado de Villarejo explicó que el excomisario no pudo expresarse sobre estos asuntos en su cita de ayer ante el juez, porque la información está todavía protegida por la ley de secretos oficiales, y que pretende que el Consejo de Ministros la desclasifique. Pero dejó claro que el excomisario quiere hablar. «Se va a defender de la única manera que puede hacerlo: explicando su implicación» en todos las supuestas misiones que se le encargaron.

Respecto a los teléfonos intervenidos en la operación del BBVA, el abogado afirmó que «la información le fue suministrada» a su cliente; «el tráfico de llamadas le fue suministrado; ni pinchó teléfonos ni intervino conversaciones, le fue suministrado para emitir informes necesarios para aclarar peligros para interés general».

La estrategia de la defensa es clara: si Villarejo utilizaba o se valía de recursos del Estado era porque trabajaba para él. En principio tendría su lógica, si no fuera porque es difícil imaginar qué interés puede tener para la seguridad de España operaciones como el espionaje a un bufete de abogados por encargo de otro, desprestigiar a un juez para intentar que un amigo cobre una deuda, los enfrentamientos familiares por una herencia, o el espionaje a Bárcenas, por el que ayer debió dar explicaciones; por citar solo algunas de sus múltiples actividades, por las que cobró grandes cantidades de dinero.

«Tenemos unos añitos para arañar un poquito de pasta... tenemos dos o tres años... que vuelven estos chicos nuestros pues de puta madre... que no pues macho tenemos que dedicarnos a los negocios... para arañar un poquito... yo estoy encantado con repartir», le dijo Villarejo a su socio, el también comisario Enrique García Castaño. Palabra de «servidor del Estado».