Dos víctimas de ETA piden el «cese inmediato» de Javier Zaragoza

Antonio Salvà y José Antonio Sáenz de Tejada consideran que si el 5 de diciembre el Juzgado de Guardia, con el informe favorable de la Fiscalía, vio razones para dictar una orden de detención con carácter de urgencia y movilizar a docenas de agentes para buscar al etarra, también la había para tenerla preparada 24 horas antes, cuando llegó a Barajas custodiado por policías franceses que lo podían haber entregado sin más a las autoridades españolas. Recuerdan que, como nadie más podía saber en España que a este etarra, con una condena en Francia hasta 2017, se le iba a excarcelar tan pronto, la jueza de enlace gala envió el día anterior una comunicación al fiscal jefe, Javier Zaragoza, que «simplemente la guardó en el cajón».

«Estamos hablando del individuo que junto al también etarra Sarobe eran los máximos dirigentes de ETA en julio de 2009. Estamos hablando de los auténticos asesinos de nuestros hijos, de los criminales que tenían el auténtico dominio de la situación de lo sucedido en Palmanova, Mallorca, fuese después el etarra A o B el que apretase el detonador siguiendo sus órdenes». Subrayan que, por tales hechos, ambos están procesados por crímenes de lesa humanidad; «Como para haberlo dejado escapar así», lamentan. Denuncian, en este sentido, que «ahora decenas de compañeros de nuestros hijos lleven desde el sábado 5 de diciembre exponiendo su seguridad, dedicando incontables esfuerzos, que no tenemos cariño bastante para agradecerles, y haciendo todo lo que está en sus manos para atrapar a ese criminal todavía huido». Los padres de ambos agentes asesinados critican que el pasado 11 de diciembre, a través de un medio, se filtrara, «sin ninguna consideración hacia nosotros», que la Fiscalía solicitará su puesta en libertad. «Es la carta blanca» que se le ofrecía al etarra, antes de ser detenido, y sin conocer en qué circunstancias -armado, huyendo a Francia, con documentación falsa...-. Además, en su auto de procesamiento por crímenes de lesa humanidad, el juez fijaba para Elizarán una fianza de cinco millones de euros, que no ha pagado.

En otro momento, le recuerdan a la fiscal general del Estado que «tiene superioridad jerárquica» sobre Javier Zaragoza, «y puede consentir todo esto o no». «¿No le parece a usted que ya es suficiente con todo este tipo de situación? ¿Que ninguna fiscalía se puede dedicar a filtrar cómo se va a posicionar sobre un asunto en el futuro antes de escuchar a las víctimas y de estudiarlo?». «Por favor -prosiguen- el etarra Elizarán es un sujeto formalmente procesado por crímenes de lesa humanidad , que es el crimen más grave que existe, y eso es lo que fue el asesinato de nuestros hijos y el de tantas y tantas otras personas inocentes».

Los padres de Carlos y Diego solicitan a Consuelo Madrigal que les escuche «y que deje de lado cualquier posible tentación de corporativismo, que actúe en conciencia y nos defienda a nosotro s, las víctimas, como seguro que es su voluntad; que nos defienda incluso de la cuestionable actuación de un subordinado suyo que ha demostrado que no es la persona más adecuada para el puesto que ocupa».

En definitiva, piden a la fiscal general del Estado que «el beneficiado de toda esta triste situación no termine siendo un exnúmero uno de ETA que se vaya, libre, a brindar a su casa y colgarlo en Twitter, mientras sigue sin responder por lo que hizo a nuestros hijos».