Víctimas del accidente de Spanair piden 4 años de cárcel por cada uno de los 154 muertos

Así lo han confirmado a Efe fuentes jurídicas, que han explicado que hoy, cuando se cumple el plazo dado a las acusaciones particulares por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha solicitado más de seiscientos años de cárcel para los dos imputados, José Antonio Viñuelas y Felipe García Rodríguez.

Cuatro años de cárcel es la máxima pena por un delito de homicidio imprudente que fija el Código Penal, mientras que la mínima es un año.

A la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación, otra de las acusaciones particulares, que ejerce las familias de dos de los fallecidos, ha pedido cuatro años de prisión para los dos imputados, además de cuatro años, seis meses y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión.

En el escrito de esta acusación, al que ha tenido acceso Efe, se reclama además a Spanair y a la aseguradora Mapfre, en calidad de responsables civiles directos, 1.788.108 euros para los familiares de esos dos fallecidos -de edades 21 y 45 años-.

La calificación provisional de esta acusación particular recuerda que el 20 de agosto de 2008, sobre las 13 horas, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el avión de Spanair modelo MD-82, tenía que realizar el vuelo JK5022 desde Madrid hasta Las Palmas de Gran Canaria.

Iniciada la carrera de despegue, éste se abortó al detectarse una anomalía en la sonda de temperatura del aire RAT, por lo que la nave, con el pasaje y la tripulación al completo, fue conducido a un parking.

Allí, Felipe García, técnico certificador de mantenimiento de Spanair, "previa consulta y con el beneplácito del otro acusado", José Antonio Viñuelas, jefe de turno del Departamento de mantenimiento de Spanair, indicó al piloto y al copiloto que el avión se encontraba apto para el despegue sin que la causa de la avería fuera estudiada.

"El avión se despachó incorrectamente" y, al iniciarse el despegue a las 14:23 horas, "la mala configuración de la aeronave, unida a que el sistema de alarma TOWS que debía avisar de ello no funcionó", provocó la caída del aparato y el fallecimiento de 154 personas más 18 heridos de diversa consideración, destaca el escrito.

La investigación judicial sobre la mayor catástrofe aérea en España de los últimos 25 años concluyó el pasado diciembre, cuando el magistrado redujo de cinco a dos el número de personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes.