El viaje a ninguna parte del independentismo

Sería necesario disponer de una bola de cristal para predecir el futuro, pero apenas una hora después Joaquim Torra comparecía en Madrid ante los medios para amenazar con una dura respuesta de la calle si Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo son condenados a penas de cárcel. «El Estado español quiere juzgar y sentenciar el anhelo democrático de todo un pueblo», dijo.

Habrá que esperar hasta finales del mes de septiembre, según la previsión del propio tribunal, para conocer el veredicto, pero, dado el desarrollo del juicio, todo apunta a que habrá una sentencia condenatoria , probablemente por rebelión o sedición, además de malversación y desobediencia.

No ayudará mucho a un fallo favorable a los inculpados el alegato final de Romeva, Turull, Rull, Sànchez y Cuixart , que insistieron en su tesis de que son presos políticos, que han sido juzgados por sus ideas y que se les ha aplicado «el derecho penal del enemigo», en expresión acuñada por el jurista alemán Günther Jakobs.

La paradoja es que todos ellos enfatizaron el argumento de que el «procés» fue un proceso de movilización popular espontáneo al que se sumaron mientras que a la vez confesaban que volverían a hacer lo mismo , esto es, a desobedecer la ley y las resoluciones de los tribunales.

En su turno final, Oriol Junqueras, muy parco en palabras, pidió una negociación con el Estado, mientras que Romeva fue más allá al amenazar con una insurrección popular si el Supremo les condena. Todos ellos aprovecharon la ocasión para incidir en el mantra favorito del independentismo : que es un movimiento cívico, festivo y pacífico, algo que ni los videos ni las declaraciones de los testigos de la Fiscalía corroboran.

En el juicio se pudo ver una grabación de Jordi Sànchez arengando a la multitud concentrada ante la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, en la que apela a una lucha contra el Estado y a defender las urnas en la consulta con unas palabras que recuerdan a la intervención de Lenin ante los soviets en San Petersburgo en octubre de 1917.

Cuando el presidente de ANC, clave en el «procés» al igual que Òmnium, pronunció ese incendiario discurso, no podía imaginar que sería detenido cuatro semanas después tras declarar en la Audiencia Nacional, acusado de un delito de sedición por haber movilizado a más 40.000 personas que habían intimidado a la comitiva judicial que registraba Economía y destrozado dos vehículos de la Guardia Civil. Jordi Cuixart, el responsable de Òmnium, corrió la misma suerte.

Fue en esos días cuando Junqueras y el resto de los consejeros del Govern tomaron conciencia de que podían ir a la cárcel. Eso es lo que sucedió tras la querella presentada el 30 de octubre por el fallecido José Luis Maza , fiscal general del Estado. Sànchez y Cuixart acababan de entrar en prisión y Puigdemont había huido ya a Bélgica.

Ni Puigdemont ni sus consejeros ni los Jordis se imaginaron nunca que el Estado iba a acusarles de graves delitos y que la Fiscalía no dudaría en pedir para ellos la prisión preventiva. Por el contrario, siempre habían creído que sus decisiones no tendrían consecuencias, salvo tal vez una acusación por desobediencia que, como en el caso de Artur Mas , se había saldado con una leve pena de inhabilitación.

Esta es una clave importante para comprender lo que sucedió en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017, en los que se generó un clima de insurrección violenta, en palabras de Javier Zaragoza, el fiscal del Supremo, para dar «un golpe de Estado». Todos los que se han sentado en el banquillo estaban convencidos de que sus actos quedarían impunes porque la Justicia no se atrevería a actuar, pero eso no pasó.

Ignoraron las reiteradas advertencias del Constitucional, el Govern aprobó un decreto solidario para llevar a cabo la consulta del 1 de octubre, el Parlament refrendó las leyes de desconexión de septiembre y los Mossos mantuvieron una pasividad , que ha quedado demostrada en el juicio, para que los ciudadanos pudieran votar. Y algo más: desde la consejería de Presidencia se financiaron los preparativos y la ejecución de la consulta con un gasto de unos tres millones de euros, que no ha podido ser acreditado porque las facturas no existen.

Todo culminó con la declaración unilateral de independencia del Parlament, aprobada horas antes de que el Senado decidiera suspender la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución . Mientras miles de independentistas festejaban el nacimiento de una nueva nación frente a la Generalitat con banderas y cánticos, el Estado ultimaba la respuesta al intento de secesión.

De forma sorprendente, Carme Forcadell y varios abogados insistieron en la tesis de que la declaración no tenía ningún valor jurídico y que no se votó porque formaba parte del preámbulo de la ley y no de la parte dispositiva. En otras palabras, que fue una tomadura de pelo a su propia clientela electoral.

La exculpación de la expresidenta de la ANC y del Parlament resulta bastante difícil de sostener porque todo lo que ha sucedido en Cataluña ha obedecido a una hoja de ruta, impulsada por los partidos independentistas y los Gobiernos de Mas y Puigdemont, en la que estaban perfectamente definidos los medios, las fechas y los objetivos. Nada fue casual.

La Policía Judicial incautó en el domicilio de Josep María Jové , número dos de Junqueras, una agenda Moleskine en la que se documentan estrategias, reuniones y acciones para doblar el pulso al Estado y declarar la independencia. Este documento ha salido a relucir en numerosas ocasiones durante el juicio.

La agenda contiene 197 páginas y su primera entrada está fechada en febrero de 2015. Pero dos años antes, en enero de 2013, el Parlament de Cataluña ya había aprobado una ley en la que se declaraba soberano en base a «los derechos históricos» del pueblo catalán. En la práctica, esa iniciativa anulaba la vigencia del ordenamiento constitucional en Cataluña, por lo que fue declarada contraria a derecho.

Hay todavía una polémica sobre cuándo empezó el proceso soberanista . Podríamos remontarnos a principios de los años 80 cuando Jordi Pujol intentó utilizar a sus votantes y simpatizantes para paralizar la investigación judicial sobre Banca Catalana, de la que fue accionista y administrador. En sus más de dos décadas al frente de la Generalitat, Pujol fue construyendo un aparato de poder sobre el que luego Artur Mas y Puigdemont consumarían su desafío al Estado.

Pero sin remontarnos tan lejos, el fallo del Constitucional en 2010 en el que anulaba una serie de artículos del nuevo Estatuto de Autonomía y la negativa de Rajoy a conceder privilegios fiscales a la Generalitat en 2012 fueron dos hitos importantes en el procés. Ambos acontecimientos fueron utilizados por el mundo independentista para agudizar ese victimismo que tanto rédito ha proporcionado a su causa.

No se puede ignorar tampoco la brutal crisis económica en la que entró España en 2008 , que fue hábilmente aprovechada por Artur Mas para culpar a los Gobiernos de Zapatero y Rajoy de sus consecuencias. El líder de CiU -que había tenido que salir del Parlament en helicóptero- convenció a sus bases de que los recortes sociales venían impuestos desde Madrid y que la Generalitat era una víctima de la ineptitud política de los gobernantes españoles. No falta tampoco quien señala que las evidencias de corrupción en el partido, sacadas a la luz por la prensa madrileña y nunca por los medios catalanes, forzaron a sus dirigentes a una huida hacia adelante para tapar sus miserias.

Sea como fuere y tras unas elecciones calificadas de plebiscitarias, el procés se aceleró en la primavera de 2017 con Puigdemont , exalcalde Gerona, al frente de la Generalitat. El Govern, sostenido por el PDeCAT, las nuevas siglas de CiU, y ERC, con el apoyo de la CUP y las entidades soberanistas, inició el rumbo de colisión con el Estado.

El choque ha sido devastador para el independentismo catalán, que subestimó la capacidad de reacción de los partidos constitucionalistas y las instituciones estatales, encabezadas por el Monarca. Jamás pensaron que sus dirigentes se iban a sentar en el banquillo y que tendrían que afrontar la alta probabilidad de largas penas de cárcel por saltarse la legalidad.

A la espera de lo que decidan los siete magistrados del Supremo, este procedimiento ha servido para escenificar que el Estado no está inerme frente a quienes le desafían. Lo mejor que se puede decir sobre este juicio es que se ha celebrado y que ha demostrado que nadie está fuera del alcance de la ley.