La venta de datos reservados, el muro frente al permiso para operar que defiende Villarejo

El ring lo dibujó ya la Fiscalía Anticorrupción el primer día, cuando el fiscal Miguel Serrano dejó claro que no iba a entrar siquiera a rebatir si Villarejo colaboraba o no con investigaciones policiales o de Inteligencia utilizando su entramado. La cuestión, dijo, era hasta dónde llegaba ese permiso. Un interrogante que verbalizó cuando quien se sentaba en el banquillo era otro de los principales acusados en estas tres piezas separadas ahora a juicio, el hombre que se presume, le abría la puerta a esos datos de terceros.

El comisario Enrique García Castaño fue tajante en su respuesta : «Todo tipo de investigaciones privadas se le permitían». Dijo que sus empresas operaban al margen de investigaciones oficiales en curso, por descontado, porque si no lo hicieran no servirían de tapadera, «se vería el tocomocho».

Las defensas se frotaron las manos aquel día. La tesis más extendida es que si tenía permiso, no pudo cometer un delito de cohecho al cobrar por aquellos trabajos. Se suma el argumento favorito de sus clientes , incluso de quienes se han conformado parcialmente con las conclusiones del fiscal: Que ellos, al fin y al cabo, estaban contratando a una empresa con sede en la Torre Picasso, corazón financiero de Madrid . No a un tipo que buscase la clandestinidad y les citara en «callejones oscuros», como llegó a decir una acusada. ¿Quién iba a pensar que estaba en activo? Y, si contaban con ello, ¿Quién iba a pensar que no tenía permiso?

Pero ese razonamiento se ha venido estrellando contra un muro durante la instrucción de estas tres piezas separadas. Y es un muro levantado con listados de llamadas telefónicas y datos de las bases del DNI, de Hacienda, de Tráfico y de la Seguridad Social. También con la presunta extorsión a un abogado . Aunque Villarejo tuviese permiso implícito, -explícito no consta-, para investigar por dinero, Anticorrupción cuestiona si esa licencia llegaba hasta el prevalimiento de su condición.

Ahí está la extensión del cohecho, pues la causa, como decía un reciente auto de la Sala de lo Penal, se sigue por la «comercialización de servicios ilícitos consistentes en acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial, todo ello realizado con aprovechamiento de la condición de funcionario policial» del comisario Villarejo.

En este punto, cobrará más importancia casi que la declaración del propio mando o de sus jefes policiales, citados como testigos para responder sobre esa patente de corso, la pericial que se realice durante el juicio. Será entonces el momento de la Fiscalía Anticorrupción de demostrar que los datos que engrosaban los informes que Cenyt realizó para el bufete de abogados Herrero y Asociados y los directivos de la constructora Procisa , como la información sobre los dos espiados por encargo de los empresarios Muñoz Tamara recogían datos que no habría obtenido de no ser policía.

De paso, tiene por delante la tarea de acreditar quién le proporcionaba esa información. En el banquillo, además de García Castaño, se sientan el que fuera inspector jefe de la sección de Relaciones Institucionales de la Comisaría General de Información, Constancio Riaño y el subinspector de la misma unidad Javier Fernández.

El primero ya ha declarado ante el tribunal. Culpa de todo a García Castaño, que estaba jerárquicamente por encima de él y que según dijo, ordenaba a miembros de su departamento que obtuvieran datos de las bases que luego resultaron ser para Villarejo. Sin embargo, Riaño, desde su puesto, tenía la llave para recabar esa misma información. La defensa de García Castaño ha conseguido convencer al tribunal para que busque en los correos electrónicos de aquel peticiones de datos que le hubiera enviado el entorno de Villarejo.

Está pendiente de declarar Rafael Redondo , abogado de las empresas del comisario y responsable en parte de aquellos informes. Sí ha comparecido ya el letrado David Macías , que trabajaba para él y que aseguró que se manejaban únicamente fuentes abiertas, como el registro mercantil. Se desmarcó así del ‘aliño’ con datos reservados.

Las sesiones se reanudan el 10 de enero y el comisario tendrá entonces la oportunidad de justificar de dónde sacaba esos datos y si también tenía permiso para mercantilizarlos.