El fiscal, sobre Villarejo: «No negamos que fuese un espía, la clave es si se aprovechó para lucrarse»

«Esa es la esencia de la acusación. No negamos que sea un espía o que colaborase para los servicios de inteligencia españoles . Lo que nos interesa es que si lo hace, y parece ser que lo haría, aprovecha esa función autorizada y conocida por sus mandos, incluida su colaboración con el CNI, para lucrarse», ha resumido Serrano durante su intervención.

En este punto, respondía a la petición de la defensa de Villarejo de incorporar al juicio una batería de documentos que presentó ante el tribunal el pasado viernes. Se trata de unos textos que reflejarían un intercambio de correos electrónicos con el CNI -aparece un dominio de los servicios de inteligencia españoles en el supuesto remite- sobre una actuación en Guinea Ecuatorial en 2012. Incluyen un intercambio con Francisco Menéndez, el primer denunciante del caso Villarejo sobre el mismo asunto y que, consultado por ABC, negó su veracidad.

La cuestión es que el comisario presupuestó en cinco millones de euros sus «servicios» para esos clientes ecuatoguineanos y en la causa obra que recibió algo más de un millón, pero el abogado Antonio José García Cabrera los aportó para intentar acreditar que su cliente colaboraba con el CNI poniendo sus empresas al servicio del Estado y teniendo, de este modo, autorización para operar y facturar. Persigue así rebatir la principal acusación contra él, que en este juicio es de cohecho.

Para la Fiscalía, no hay problema en incorporar esos papeles al juicio cuya autenticidad ni siquiera ve necesario poner en duda porque entiende que «lo que parecen evidenciar, lejos de la pretensión exculpatoria de estos correos, es la actuación delictiva de Villarejo».

«El papel de Villarejo como Policía de inteligencia en ejercicio, como policía destinado en la Dirección Adjunta Operativa con esas específicas funciones no lo ponemos en duda. Es que su condición aleatoria o estructural de colaborador del CNI no la ponemos en duda. El que pudiera incluso a estar autorizado para usar sus empresas es algo que tampoco ponemos en duda . A lo que no podía estar autorizado es a que, al hilo de esas funciones y por tanto con abuso de su condición policial, se lucrara al margen de esa actividad lícita», ha zanjado.

Y con esa misma premisa, ha respaldado que se aporte toda la documental que pidió la defensa del comisario sobre su hoja de servicio y sus condecoraciones, pues «ponen de manifiesto que en los años en que desarrolla las contracciones con clientes privados está destinado en unidades policiales» ; e incluso las fotografías en las que aparecía con otros mandos, sobre todo aquella en la que aparece con su mujer y la familia del abogado de sus empresas, en tanto que acredita que todos ellos « conocían que además de ser titular del entramado era policía condecorado« .

Para Serrano, «es como si Villarejo no quisiera saber de qué le acusa el fiscal, porque ese rol de policía o espía no es un rol que niegue el Ministerio Público, pero hay que centrarse». «Las brujas no existen, pero si como dicen en Galicia, haberlas haylas, búsquenlas fuera de este procedimiento», ha zanjado.

La lista de pruebas que solicitó la defensa de Villarejo incluía también una batería de testificales. La Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto a buena parte, incluyendo las del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán y la que lo fue del CITCO, Esperanza Casteleiro y otros tres funcionarios de inteligencia , así como los ex directores Adjuntos de la Policía Eugenio Pino, Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado o el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

«Estos testigos sí estarían en condiciones de ilustrar al tribunal sobre si existe esa autorización en concretas operaciones policiales y decir si el policía atracador que atraca un banco con una pistola reglamentaria estaba autorizado para atracar el banco . Eso es en esencia lo que quiere acreditar Villarejo para exculparse, pues que vengan y nos digan, porque pudiera ser», ha planteado el fiscal.

Tampoco pone objeción en aras de ese «despliegue del derecho de defensa» al que ha aludido varias veces en su intervención, a que comparezca la periodista Ana Rosa Quintana, en tanto que es la esposa de uno de los acusados que se sientan en el banquillo, el empresario Juan Muñoz, y Villarejo pretende acreditar que no medió pago en sus servicios para él.

En todo caso, Serrano ha dejado claro que espera que la Sala quede al margen del «ruido extraprocesal» como el que, en su opinión, lleva a reducir el proceso erróneamente a «la guerra de comisarios» o el que persigue el comisario cuando pide que declaren personas como Dolores Delgado o Fernando Grande Marlaska por haber hecho declaraciones públicas que le denostaban. «Es absolutamente ajeno y no tienen capacidad ni en concreto ni en abstracto para mediatizar o afectar a la imparcialidad del tribunal», ha apostillado.

Por otra parte, Serrano se ha centrado en rebatir las peticiones de nulidad de toda la causa por supuestas irregularidades en los registros, por el inicio de la investigación a partir de una documentación que llegó de manera anónima o por los hallazgos casuales al analizar la documentación intervenida que han derivado en la apertura de hasta 30 piezas separadas en el procedimiento.

Sobre este asunto, ha incidido en que «la unidad policial en absoluto va a pescar a los registros» sino a «buscar los documentos que acrediten las contrataciones» y de hecho, en las primeras entradas «no se llevó ni el 1% del papel» que había en las dependencias de Villarejo.

En este sentido, ha criticado que las defensas aduzcan restricciones de acceso a todo el material intervenido porque, según ha explicado, desde abril de 2020 pueden acudir al «DVD maestro» que recoge el inventario de todo lo que se incautó y solicitar lo que quieran, de manera que se les proporcione una vez haya pasado un doble expurgo: el de la restricción sobre cuestiones de índole privada y el de la legislación de secretos oficiales.

«Los investigadores han bajado a picar piedra cuando los dinamiteros todavía están abriendo canales en la mina. Los documentos de Villarejo estaban cruzados de minas. Tenía documentos secretos, documentos que afectaban a la intimidad que él buscaba para protegerse de cualquier actividad investigativa y buscar su impunidad. Hemos tenido que bajar a la mina sin que nos explotaran las cargas y con determinadas cautelas. Pero las partes no han tenido desigualdad de armas ni restricción de acceso no justificado», ha alegado.

Del mismo modo, ha defendido el origen de las actuaciones y su licitud: «La Fiscalía Anticorrupción desarrolla unas diligencias no teledirigidas por nadie, basadas en una denuncia no anónima sino en unos documentos que depura para saber que no tienen origen ilícito y una investigación que pone de manifiesto indiciariamente que Villarejo, policía en activo, estaría haciendo de policía privada por cuenta de clientes privados con abuso de sus funciones, desarrollando labores de investigación privada que son las mismas que en paralelo desarrollaba en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional». O, lo que es lo mismo: «concretos contratantes privados que utilizan su policia privada». «Eso es Tándem», ha apostillado.

Ya en la sesión de tarde, tomó la palabra su compañero de Anticorrupción César de Rivas, que dedicó dos horas a contrarrestar el posicionamiento de las defensas que aducen una deficiente cadena de custodia de la prueba que invalida su uso ante el tribunal y rebatir a quienes esgrimían la prescripción de los delitos. A juicio del fiscal, no cabe ni lo uno ni lo otro, porque consta en las actuaciones «cada eslabón de esa cadena» igual que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal dejan claro que no ha pasado el tiempo suficiente como para dar los delitos por vencidos.

Fue después el turno del resto de acusaciones de contrarrestar a las defensas y entre ellas, la popular que ejerce Podemos y que está representada en el juicio por la letrada Marta Flor, la misma que fue denunciada por Vox ante una presunta connivencia con la Fiscalía Anticorrupción en esta causa que las pesquisas después desmentirían. Varias acusaciones habían pedido su expulsión del juicio bajo esa sospecha o la de que el partido pudiera estar haciendo un uso político de su papel acusador.

La letrada, retomando el argumento que previamente había esgrimido Serrano, recordó que no sólo no ha habido connivencia, sino que los propios fiscales han intentado que no entraran en al menos dos piezas y luego la Sala de lo Penal les ha quitado la razón; que el juez instructor tampoco les ha expulsado en la causa de pieza alguna y cumplen y cumplían «todos los requisitos» para ser parte en el caso Villarejo, porque son la popular y las actividades del comisario pueden afectar a cualquier ciudadano. «Todos hemos estado expuestos a estos proyectos de Villarejo, a ser extorsionados, a sufrir revelación de secretos«, añadió.