Turull y Rull, a las puertas de su inhabilitación

¿Y los huidos Antoni Comín y Lluís Puig?

Una vez que Bélgica ha rechazado su entrega a España por un «defecto de forma» en la euroorden cursada por el juez Llarena, estos dos exconsejeros no están sometidos a ninguna medida cautelar en Bélgica. Sin embargo, la orden de detención nacional contra ellos sigue vigente, con lo que si ponen un pie en España serían arrestados, puestos a disposición judicial y, con su historial fugitivo, probablemente encarcelados por riesgo de fuga.

¿Se puede tomar posesión sin estar presente?

La ley de gobierno y presidencia de la Generalitat no regula la forma en la que la toma de posesión tiene que llevarse a cabo, pero está en manos del Gobierno central validar el decreto de nombramiento. El Ejecutivo considera que los consejeros ausentes no pueden ejercer de forma efectiva las funciones del cargo y así lo harán valer en los tribunales llegado el caso. Además, el artículo 155 sigue vigente en Cataluña hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Hasta que ese ejecutivo autonómico tenga una validez plena, el Gobierno no se retirará de esa comunidad.

¿Podrían ser consejeros a distancia?

El Consejo de Estado ya se pronunció sobre este extremo el pasado 7 de mayo, con motivo de la reforma de la ley de presidencia de la Generalitat. El órgano asesor del Gobierno señaló en su informe que en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña, «los miembros del Consejo de Gobierno que no estén en Barcelona sólo podrán participar en las sesiones a distancia si se encuentran dentro del territorio de la Comunidad Autónoma». No se contempla, por tanto, su participación, ni desde la cárcel ni desde Bélgica ni de cualquier otro sitio que no esté en Cataluña.

¿Tienen vetada su elección como consejeros?

Tanto los presos como los huidos tienen sus derechos civiles intactos, y entre ellos está el derecho a poder ser elegido. En cualquier procedimiento común la inhabilitación política no llega hasta la sentencia, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una excepción en el caso de los procesados por rebelión que estén en prisión preventiva (artículo 384 bis). Quien se encuentre en estas circunstancias (en este caso Rull y Turull) será inhabilitado en cuanto el procesamiento sea firme, lo que ocurrirá en las próximas semanas. Si la Sala confirma el delito de rebelión, que es lo más probable, Turull y Rull quedarían desactivados políticamente.

¿Quién dará el próximo paso?

El juez Pablo Llarena ya tiene sobre la mesa una petición de libertad por parte de la defensa de los dos exconsejeros presos. No piden un permiso puntual para asistir a la toma de posesión, sino que directamente solicitan que se revoque su prisión para «ejercer de modo efectivo sus cargos». Le piden una respuesta antes del miércoles, día fijado para la toma de posesión.