El Tribunal de Cuentas da por perdidos cinco millones del saqueo de los ERE en Andalucía

Esta vía del TCu es una de las disponibles para intentar recuperar la tremenda cantidad de dinero público malversado, que ascendió a un total de 679,4 millones de euros, según la cifra manejada por los tribunales de lo penal.

En los últimos años, para intentar avanzar en la recuperación de fondos, la Junta de Andalucía ha ido activando procesos en el Tribunal de Cuentas. Pero la tarea es ingente, porque cada expediente de subvención es una causa individualizada ante el TCu, y fueron del orden de 270 los expedientes los vinculados a aquel enorme fraude, una larguísima lista de beneficiarios. Bajo el disfraz de ayudas a empresas y sociolaborales, se produjo un ilícito desembolso de fondos públicos mediante un sistema que diseñaron y mantuvieron durante diez años (2000-2009) altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, lo que les valió hace dos años una condena de la Audiencia de Sevilla.

La trama funcionó durante años. Tantos que el TCu ya ha dado por prescritas un buen número de causas que suman, hasta el momento, casi cinco millones de euros. La trama arrancó hace más de veinte años , pero no fue hasta 2011 cuando tomó cuerpo tanto en la jurisdicción penal como en el TCu.

De las 31 causas resueltas hasta la fecha en esta instancia, en el Tribunal de Cuentas, las siete que se han desestimado pedían el reintegro de un total de 4,49 millones de euros de fondos malversados, que ascendían a 4,86 millones de euros con los intereses acumulados. Al menos esa era la pretensión de la Junta de Andalucía . Pero se ha topado con el muro de la prescripción.

La ponente en todas estas sentencias, la magistrada y exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, intentó que se suspendiera el plazo de prescripción en tanto se resolvía el caso en vía penal, donde todavía no hay sentencia firme, porque la condena dictada por la Audiencia de Sevilla fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Pero ese criterio de Mariscal de Gante fue tumbado por su instancia superior , la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Interpretó este órgano que, en aplicación de la ley de funcionamiento del TCu, no cabía esa suspensión. Concluyó que, en esta jurisdicción, la responsabilidad contable prescribe a los cinco años.

Algunos de los hechos a los que ha dado carpetazo se remontan, por ejemplo, a los años 2003, 2004 y 2005. Es decir, prescribían en 2008, 2009 y 2010, pero las acciones ante el Tribunal de Cuentas se emprendieron en 2011.

Otras 24 causas abiertas hasta la fecha en el TCu sí han culminado en sentencias condenatorias. Suman un monto total de 16,86 millones de euros. Se condena a devolverlos, solidariamente, al director general de Trabajo de la Junta que las firmó en su momento y a las entidades en las que aterrizaron los fondos. Unas llevaban la firma de Francisco Javier Guerrero , que murió hace un año. Otras, las de quienes le sucedieron en esa dirección general: Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Tras la muerte de Guerrero, su responsabilidad económica pasa a sus herederos. Por eso aparecen en diligencias del TCu su viuda y su hija, María Lourdes Otero y María Guerrero Otero.

Respecto a las siete causas que el Tribunal de Cuentas ha desestimado por haber prescrito, en todas estaba incurso Francisco Javier Guerrero, junto a las entidades en las que recalaron esas siete ayudas económicas: Hijos de Andrés Molina S.A, Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián de Guadalcanal, Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L., Refractarios Andalucía S.A., la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, y los ayuntamientos de Camas y de Guadalcanal, en Sevilla.

Que haya sentencia condenatoria no garantiza que se reintegre el dinero. Pero aún es más complicado si el Tribunal de Cuentas declara prescrito un expediente. Cerrada la puerta en esta instancia, cabe intentarlo en la vía civil, pero con incierto resultado y mucha paciencia. El TCu era una vía más rápida para sustanciar sentencias de reintegro de fondos. Acudir a la jurisdicción civil enreda más el horizonte: hay que empezar una nueva causa que, además, debe tener como punto de partida una sentencia penal en firme, que aún no existe. De ahí que el horizonte judicial sea muy enrevesado. Y más aún la posibilidad real de recuperar los fondos.

El camino que queda por delante es una escalera llena de complicados peldaños. A lo laborioso que resulta obtener sentencias que permitan activar la reclamación efectiva de fondos se le suma luego la capacidad real de cobrarse el dinero si hay sentencia condenatoria. Declaraciones de insolvencia, desaparición de entidades condenadas, años y años de litigios por delante... Fuentes jurídicas consultadas por ABC subrayan que cuanto más se alargue el proceso, más difícil será recuperar el dinero. Y lo cierto es que va para largo.

La vía del Tribunal de Cuentas es tortuosa por la enorme cantidad de procesos a resolver, ya que cada subvención a reclamar es un caso a juzgar y sentenciar. Al menos así se ha venido haciendo hasta la fecha. Y luego hay que ver cuántas de esas demandas prosperan y cuáles pueden quedar en la cuneta por prescripción.

Por su parte, la alternativa de la jurisdicción civil podría simplificar en un único proceso todas las ayudas ilícitas que se intentan recuperar. Pero pasarán años hasta que pueda haber sentencia civil en firme.

Las responsabilidades económicas podían haberse dirimido en la propia causa penal, lo que hubiera ahorrado tiempo. Pero el Gabinete Jurídico de la Junta optó por no ejercitar las acciones de responsabilidad civil en ese momento sino reservárselas a futuro, para cuando hubiera condena penal firme. Por eso, la sentencia que dictó hace dos años la Audiencia de Sevilla se ciñó a las penas de cárcel e inhabilitación, pero no entró en reclamar el dinero.

Ese fallo se dictó hace dos años, está recurrido ante el Tribunal Supremo y no se descarta que, cuando se resuelva ese recurso, los condenados lo intenten en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se alargaría más la causa, lo que entorpecería también la exigencia de las responsabilidades civiles, la reclamación del dinero saqueado.