La trastienda del veto del PP a De Prada y Rosell

Hasta ese momento PSOE y PP tenían consensuados ya buena parte de los vocales que integrarán el Poder Judicial. Los socialistas contaban con que en Podemos se conformarían con dos representantes próximos a su ideología en el órgano y que no se obcecarían con los dos vetados por los populares, una estrategia que fuentes próximas a la negociación podría estar más encaminada a hacer saltar por los aires el acuerdo que a un verdadero interés por que sean esos dos vocales, y no otros menos marcados, los que representen la ideología de la formación de Iglesias.

Pero ¿quiénes son los dos jueces que el PP no quiere en el próximo Consejo? ¿Por qué Génova ve incompatible el compromiso de despolitización del órgano que se viene pidiendo reiteradamente desde Europa con la presencia de estos dos representantes en el Poder Judicial? Pocos jueces hay tan marcados en la carrera judicial como aquel que ha pasado por la política (Victoria Rosell) o el que con sus resoluciones judiciales ha influido en ella, queriendo o sin querer. En el caso de De Prada, para el PP se trata del primer supuesto. Este magistrado es el artífice de los párrafos de la sentencia de Gürtel que motivaron la moción de censura a Mariano Rajoy en la primavera de 2018. En ellos, el magistrado dio por probada la caja B del PP cuando ni siquiera se había celebrado el juicio, unas alusiones que le reprochó el propio presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en el voto particular a esa sentencia.

Podía haber sido una cuestión anecdótica si no fuera por el exacerbado interés que el Gobierno tuvo entonces en meter en el Consejo a De Prada , primero en el cupo de jueces, y al fallar esta opción, por el cupo de juristas. Más aún cuando quien negociaba en aquel momento (noviembre de 2018) la composición del Consejo por parte del Ejecutivo era la actual fiscal general del Estado y entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, quien comparte con De Prada y Garzón, entre otros, una especial sensibilidad hacia la justicia universal . Y es precisamente en ese ámbito, en concreto en el Tribunal internacional de Sarajevo -revisando la sentencia del criminal de guerra Radovan Karadzic- donde le pilló la renovación, sin tiempo material para solucionar una situación admnistrativa (estaba en comisión de servicios) que le impedía acceder al órgano.

De ahí que Delgado optara por el plan B: contar con él como uno de los ocho vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces a propuesta de los grupos parlamentarios . Justo antes de que se frustrara la renovación de 2018, llegó incluso a comparecer en el Congreso, trámite necesario para los juristas que aterrizan en el Consejo. Fue mítica -y muy significativa- la frase que en aquella comparecencia del diputado popular Carlos Rojas: «Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Es bueno para la Justicia que deje de hacer lo que estaba haciendo , que por unos años dejará usted de poner sentencias».

En el PP no se entendió cómo se había permitido la presencia de De Prada en el Consejo después del daño que el partido considera que les hizo, y ahí se enmarca, como explicaba ABC el lunes, el SMS que hizo estallar la negociación -tras la renuncia de Marchena a ser candidato a la presidencia del Supremo-, el del senador Ignacio Cosidó a su grupo parlamentario en el Senado cuando los políticos cuestionaron el acuerdo al que habían llegado Rafael Catalá y Dolores Delgado. En él el parlamentario defendía el control de la Sala Segunda «desde atrás».

De estos antecedentes viene el veto del PP a De Prada, un juez que para Podemos puede cumplir un papel fundamental ante reformas como la que enarbolan los morados en el Congreso para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo en pro de la libertad de expresión, un campo en el que De Prada se desenvuelve con soltura y en el que su trabajo como juez no ha pasado desapercibido. Solo a modo de ejemplo: en contra del criterio de sus compañeros, se opuso a juzgar al exconcejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, por mofarse de las víctimas de ETA y del holocausto con chistes macabros. También rechazó que se juzgara a César Strawberry, el cantante de Def con Dos, por enaltecer a ETA con las letras de sus canciones. Y suscribió un voto particular junto con, entre otros, el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, en el que se opuso a que un coronel retirado fuera condenado por llamar a Don Juan Carlos «genocida, putero, borracho y cabrón».

De Rosell basta con recordar su paso por política para entender el veto del PP bajo el parámetro de esa condición de despolitización del Consejo que ha llevado a los propios populares a descartar la presencia de dos juristas por los que sí apostó en la renovación de diciembre de 2018: el abogado y exdiputado José Miguel Castillo y el juez y exsenador Manuel Altava.  

La carrera de Rosell ha estado marcada por las idas y venidas de la política a la judicatura . En 2015 fue cabeza de lista de Podemos por Las Palmas para las elecciones generales. Un año después, el ministro José Manuel Soria, su contrincante político en las nuevas elecciones generales de junio, presentó una querella contra ella por un caso que había dirigido como jueza , denuncia que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Esto le llevó a renunciar a volver a presentarse a las elecciones. La causa fue sobreseida y meses más tarde fue suspendida como juez tras abrírsele una investigación por prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios en relación con actuaciones concretas en su juzgado, un caso del que luego saldría absuelta y que hay que mencionar porque eso motivó su nuevo salto la política.

Fue en marzo de 2019, encabezando en esa ocasión la lista de Unidas Podemos por Las Palmas , primero para las elecciones generales de abril y luego para las de noviembre, cuando volvió a ser elegida diputada. Renunció al escaño en enero de 2020 tras ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Desde esta nueva función participó en la redacción del Anteproyecto de la ley del consentimiento sexual de Montero, la misma que tumbó el jueves el Consejo General del Poder Judicial en un demoledor informe unánime en el que los vocales cuestionaron el borrador del Gobierno en el fondo y en la forma . Hoy Rosell se escudaba en su condición de feminista y adalid de la corrupción para justificar el veto del PP a su candidatura.