Los juristas avisan ante la reforma del Código Penal: no hay libertad de expresión a la carta

Tanto que, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral catalana, los socios de Gobierno de Sánchez han puesto sobre la mesa la despenalización de todas aquellas conductas que pongan trabas a la libertad de expresión y que no inciten directamente a la violencia. Por el camino se queda la frustración de las víctimas del terrorismo, la desprotección de la Corona y el temor de que esta reforma acabe metiendo en el cajón de sastre de los delitos de odio todas aquellas opiniones que no sean compartidas por el Ejecutivo.

La sombra de una libertad de expresión ideologizada se extiende sobre una reforma penal que a día de hoy no está nada clara. Y no lo está porque mientras que un sector del Ejecutivo se ha limitado a dar apenas unas «pinceladas» sobre su propósito -habla de una «revisión» de los delitos «relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión-, otro, el que encabeza Pablo Iglesias, ha llevado al Congreso una proposición de ley en la que directamente se despenalizan delitos «sin un estudio riguroso y con la consiguiente desprotección al ciudadano y a la colectividad ». Así lo asegura el catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos . «Las propuestas de derogación que propone Podemos son claramente antisistema, para debilitar instituciones o privar de protección a colectivos que no comparten sus ideas contrarias a la Constitución, nacida por consenso en 1978. Los sentimientos de los que tienen religión, particularmente la católica, que son mayoría en España, las víctimas del terrorismo, o las instituciones a las que aluden esos preceptos que se quieren derogar quedan desprotegidos», apunta.

Señala el jurista que la propuesta de Unidas Podemos está envuelta con un «papel de seriedad técnico-jurídica» que no es tal: se cita jurisprudencia de Estrasburgo y del Tribunal Constitucional sólo para acoger los argumentos favorables a su reforma, mientras que omiten lo que esos mismos tribunales dicen sobre los límites a esa libertad de expresión. Hay sentencias en las que Tribunal de Derechos Humanos, TC y Supremo han considerado que prevalece la libertad de expresión sobre otro bien jurídico protegido, señala. Pero en otras han sostenido que no hay derecho al insulto, que mostrar fotos de etarras es «alabar actos terroristas y hacer apología de los verdugos» o que la interrupción de una ceremonia religiosa para proclamar consignas como: «Fuera rosarios de nuestros ovarios» , atentan contra los sentimientos religiosos y no están amparadas por la libertad de expresión.

Rodríguez Ramos alerta de que las prisas no son buenas consejeras y es partidario de que se abra un debate teórico del que salgan propuestas y, desde luego, que el texto se tramite como proyecto de ley, con informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Abogacía. «No se puede legislar con sectarismo ideológico, porque esas reformas sólo generan contrarreformas» . Recuerda, además, que «si se limita la libertad de expresión en función del signo político de la realidad afectada, está clara la contaminación ideológica».

Y es que no deja de ser paradójico que mientras se esté abogando por la despenalización del enaltecimiento del terrorismo, el Gobierno reconozca que seguirá adelante con la tipificación como delito de la apología del franquismo , lo que de forma mayoritaria rechazan los juristas consultados por ABC. «No se puede establecer que la libertad de expresión tiene límites en unos casos y en otros no», señala un miembro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia que prefiere no revelar su identidad.

También Manuel Cancio, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que sería «aberrante» que se supriman derechos porque coartan la libertad de expresión y a la vez se introduzca un delito nuevo relacionado con aquéllos. «Si fuera así se haría un uso político del derecho penal y se ideologizaría la libertad de expresión», dice. Cancio señala que el punto de partida, y en lo que estamos todos de acuerdo, es en que se pueden cometer delitos a través de las palabras y que cualquiera puede hacerlo a través de las redes sociales. La cuestión es cómo se configura el delito. En Suiza, por ejemplo, está prohibido insultar y faltar al respeto a la bandera , pero solo en los casos en los que está en un edificio oficial; en Alemania está prohibida la cruz gamada si altera la paz pública... En España lo que llama la atención es que «tenemos más delitos que los demás y además sin filtros». En este sentido, considera que la reforma es necesaria «desde hace mucho tiempo».

A modo de ejemplo, el profesor sí cree que se puede suprimir el artículo 525 del Código Penal (escarnio a los sentimientos religiosos) porque los que lo preceden ya criminalizan la ofensa a los fieles, pero considera, sin embargo, que no se puede despenalizar el ensalzamiento a un terrorista. A su juicio, «prohibir conductas por el simple hecho de que molestan es propio de democracias que se sienten inseguras». «Si no hay un riesgo claro y perceptible de violencia no tiene sentido» poner cortapisas. Sobre los delitos contra la Corona, Cancio sí sería partidario de despenalizar las críticas relativas al ejercicio de sus funciones, pero no las de carácter personal, que tendrían que encontrar acomodo en las injurias.

Lo que también tiene claro este jurista es que «esto no puede estar sometido a un debate aprisa y corriendo» . Otro de los riesgos que ha puesto sobre la mesa esta reforma es el de considerar delito de odio toda ideología contraria a quienes la promueven. No sería la primera vez. Han pasado solo nueve meses desde que el PSOE denunciaba a Vox ante la Fiscalía General del Estado por varios tuits publicados el pasado año. «Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aun que con dinero público promováis la pederastia», comentó en uno de ellos Santiago Abascal, a propósito del pin parental. Los socialistas justificaron su denuncia en la «escalada de agresividad» de Vox y en que los ataques dirigidos al Gobierno y a la portavoz parlamentaria Adriana Lastra «pueden considerarse delitos de odio» . «Alguien como Iglesias que denuncia a sus vecinos de Galapagar por acoso cuando ejercen su libertad de expresión parece indicador de que el líder del partido bolchevique utiliza la llamada ‘ley del embudo’: la parte ancha para él pero la parte estrecha para los demás».

Quien habla es Daniel Portero , hijo del fiscal asesinado por ETA y presidente de Dignidad y Justicia. Se muestra indignado con la despenalización del enaltecimiento del terrorismo que propone Podemos. «¿Como puede estar solicitando la derogación del enaltecimiento del terrorismo y a la vez querer implantar y penalizar el enaltecimiento del franquismo? Es una contradicción absoluta que demuestra que el interés no es otro que cuestiones de afinidad ideológica». Recuerda Portero que el propio TC señaló, a propósito de la condena a Tasio Erkizia, que hay un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión cuando se pone en peligro el orden público y la paz social y se lesiona el derecho al honor y la dignidad de la víctimas del terrorismo.De igual forma, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, reconoce que de un tiempo a esta parte la vía penal se está cerrando en casos de enaltecimiento del terrorismo al entenderse que el «riesgo cierto» de violencia del que hablaba el TC en aquella sentencia no existe desde que ETA no está activa. Más allá de la vía administrativa anunciada por Grande-Marlaska en el Senado para sancionar a los promotores de homenajes a etarras, la AVT quiere que el delito siga en pie.