Una testigo clave del caso Cursach dice ahora que habría sido «coaccionada» por el juez y el fiscal

El caso Cursach, que aún se encuentra en fase de instrucción, deriva de una macrocausa previa en la que el fiscal Subirán y el juez Penalva investigan la supuesta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Cursach, considerado durante décadas el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares. Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos.

En esta compleja causa judicial, varios testigos habrían sido amenazados de muerte en estos últimos meses. En ese contexto, a principios del pasado año la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Subirán pudieran ir armados con una pistola, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados.

Por lo que se refiere a las nuevas revelaciones hechas públicas ahora por la testigo clave del caso Cursach, podrían suponer un giro radical en el desarrollo de este proceso. Además, dichas revelaciones se producen sólo unos días antes de que el citado empresario declare el próximo lunes ante el juez en calidad de investigado, equivalente a imputado, en el marco de esta causa. Cabe recordar que Cursach se encuentra en prisión provisional desde el 3 de marzo de este año.

El abogado con el que la citada testigo habló hace dos días, Vicente Campaner, y otro letrado, José Ignacio Herrero, presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un escrito en el que ponen en conocimiento de dicho órgano judicial lo que ahora afirma esta mujer. El escrito va acompañado de una grabación hecha por la propia testigo —de manera oculta— en el despacho del juez en presencia del fiscal y por la captura de varios «whatsapps» que, supuestamente, le habrían enviado Penalva y Subirán.Dicha documentación adjunta ha sido remitida hoy viernes a través de un procurador. Por lo que respecta al escrito entregado ya ayer al TSJIB, en él se pedía la detención de Penalva y de Subirán para que presten declaración en relación a las mencionadas nuevas revelaciones. Además, se solicitaba también que se retire a ambos el actual permiso que tienen para portar armas.

En el escrito remitido ayer al TSJIB, los abogados Campaner y Herrero tildan de «espeluznante» lo que se derivaría de la documentación presentada, cuyos originales se encuentran custodiados por un notario de Palma. En un momento de la citada grabación oculta hecha por la testigo, el fiscal habría dicho, supuestamente en relación a los imputados en la causa: «Los vamos a hundir. Más podía la Infanta, más podía su marido. Y mira dónde van a acabar. Más podía Matas, más podía Munar».

Cabe recordar, en este contexto, que el pasado mes de agosto los letrados Campaner y Herrero habían presentado ya una querella ante al TSJIB contra el juez y el fiscal de esta causa, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia. Los dos abogados presentaron la citada denuncia en representación de la hermana de un investigado en el caso Cursach. Con anterioridad, Herrero había presentado ya una queja ante el Consejo General y la Fiscalía General del Estado por la actuación de Penalva y de Subirán.

La testigo clave del caso Cursach es la misma persona que denunció que dos ex políticos locales del PP habrían acudido años atrás, en varias ocasiones, al prostíbulo que ella misma regentaba junto con una antigua socia. Dichos políticos serían el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el actual diputado autonómico del Grupo Mixto Álvaro Gijón, que habrían participado en orgías con prostitutas, alcohol y drogas supuestamente financiadas por Cursach. Tanto Gijón como Rodríguez siempre han negado de manera rotunda esos supuestos hechos.

Para avalar su denuncia, la mujer entregó al juez en junio una agenda manuscrita en la que, según explicó, tanto ella como su socia habían registrado datos como las fechas en las que los dos políticos citados habrían acudido a su prostíbulo o el coste de los servicios prestados. Las anotaciones conjuntas de ambas mujeres en el dietario corresponderían, según declaró la mencionada testigo, al periodo comprendido entre 2014 y 2016. Sin embargo, la socia de dicha testigo falleció en febrero de 2012, según consta en el Registro Civil de Palma, por lo que obviamente es imposible que hubiera podido hacer alguna anotación en la citada agenda dos o tres años después de su muerte.

El contenido del mencionado dietario había sido hasta ahora esencial en el desarrollo del caso Cursach. De hecho, el juez Penalva citó a declarar a Rodríguez y a Gijón, en calidad de investigados, después de que la testigo protegida le hubiera entregado al magistrado dicha agenda. Los dos imputados comparecieron en el Juzgado el pasado 20 de julio, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por un supuesto suministro de drogas, y otro de cohecho, por la presunta aceptación de sobornos.

A lo largo de la comparecencia ante el juez, tuvieron lugar sendos careos de la testigo clave con los dos expolíticos, primero con Gijón y posteriormente con Rodríguez. La mujer ratificó sus acusaciones iniciales contra ambos, mientras que los dos supuestos implicados afirmaron que nunca acudieron al citado prostíbulo. En relación a las dudas que existen sobre la veracidad o no del dietario, aquel mismo 20 de julio el juez Penalva habría enviado un «whatsapp» a la citada testigo afirmando: « Nosotros nos creemos lo de la agenda , pero me da miedo que estos hijos de puta consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal».

Por otro lado, a última hora de la mañana de hoy viernes ha trascendido que el próximo lunes podría llevarse a cabo una concentración en los Juzgados centrales de Palma, coincidiendo con la declaración de Cursach, en señal de protesta por el modo en que el juez Penalva y el fiscal Subirán estarían llevando a cabo la instrucción de este proceso. Si la Delegación del Gobierno otorgase finalmente la preceptiva autorización, la citada concentración tendría lugar a las diez de la mañana.

Cabe recordar, por otra parte, que Cursach deberá sentarse además en breve, por vez primera, en el banquillo de los acusados, en el marco de una pieza separada derivada de la pieza principal de este proceso. El empresario será juzgado por presunta tenencia ilícita de armas , a raíz de que durante el registro realizado en febrero de este año en su casa fue hallada una carabina sin que, al parecer, el empresario dispusiera de los preceptivos permisos para poseerla. El fiscal pide para el acusado un año y medio de cárcel. La testigo clave del caso Cursach también se ha pronunciado ahora sobre esta cuestión, denunciando que a la citada carabina le habrían quitado una placa que demostraría que tan sólo era el premio de un torneo.