Penúltimo examen para las tasas judiciales

El Grupo parlamentario Popular ha presentado varias enmiendas con las que quiere aumentar las causas que eximirán a los ciudadanos de pagar las tasas (por ejemplo cuando presenten recursos en casos en los que la Administración no ha contestado). También proponen que los funcionarios no abonen la tasa cuando en el procedimiento contencioso-administrativo se decidan cuestiones que afectan a sus derechos estatutarios (los demás trabajadores no están obligados al pago). Objeto de debate será también la imposición de tasas de entre 500 y 750 euros en el orden Social, hasta ahora exento , una reivindicación que comparten los grupos de la oposición.

Este proyecto de ley ha recibido críticas no sólo de los partidos de la oposición, sino también de las asociaciones de jueces y fiscales. Todos ellos coinciden en coinsiderar que la nueva norma tiene carácter disuasorio y que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Alberto Ruiz-Gallardón defiende que se impondrá la tasa cuando el ciudadano quiera obtener una segunda respuesta de los juzgados y tribunales, por lo que no se le dificulta su acceso a la Justicia. Con las nuevas tasas, el Ministerio de Justicia prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores.