Supremo y Audiencia asumirán toda la investigación del golpe en Cataluña

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La decisión afecta tanto a la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Forcadell y estos cinco parlamentarios como a la del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, desde donde se practicaron las detenciones y registros de altos cargos de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre. Esta última también podría ser asumida por la Audiencia Nacional en la parte que afecta directamente al gobierno autonómico. Es en la Audiencia donde Carmen Lamela investiga al expresidente autonómico Carles Puigdemont y a su gobierno por rebelión (o sedición) y malversación de fondos; y al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (ambos en prisión incondicional), por sedición. Ahora podría asumir también el procedimiento abierto contra Puigdemont y su gobierno (prevaricación, malversación y desobediencia) que instruye la juez del TSJC Mercedes Armas.

En definitiva, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional se quedarán con el grueso de la investigación sobre esa «estrategia concertada» en la que autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas promovieron actos, manifestaciones y proclamas «abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación».

Tan pronto como el juez Pablo Llarena, el instructor del Supremo, tome declaración el jueves a los aforados del Parlament deberá pronunciarse sobre la petición que la Fiscalía formuló en la querella que presentó ante el Alto Tribunal el pasado 30 de octubre. Esta petición abarcaba las diligencias que instruye la juez María Eugenia Allegret contra Forcadell y la Mesa en el TSJC y los testimonios de particulares de la causa del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -e incluso de la Audiencia Nacional- «que pudieran resultar relevantes» para acreditar los hechos denunciados por la Fiscalía. Teniendo en cuenta que la denuncia del Ministerio Público se remonta a la resolución soberanista de noviembre de 2015 y culmina con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, la solicitud de Maza supone en la práctica la total asunción de la investigación por parte del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los hechos que ambos investigan son sustancialmente los mismos, pero difieren el fuero de los querellados. Mientras Puigdemont y los exconsejeros dejaron de ser aforados cuando el Ejecutivo de Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, suspendió el gobierno y disolvió el Parlamento, cinco de los seis diputados denunciados ante el Tribunal Supremo conservan este aforamiento al ser miembros de la Diputación Permanente. El sexto, Joan Josep Nuet , no es miembro de la Permanente, pero como se explica en el auto de asunción de competencia, su conducta no puede desvincularse de la de sus compañeros; de ahí que se haya visto arrastrado por ellos.

Fuentes fiscales descartan que los procedimientos abiertos en Audiencia Nacional y Supremo se concentren en un solo tribunal mientras haya aforados. La acumulación de la investigación de la Audiencia en el Alto Tribunal supondría que la veintena de querellados cuyo destino está en manos de la juez Lamela se quedarían sin una instancia para recurrir, como sí sucede ahora, cuando ante una hipotética condena, los exconsejeros pueden acudir en casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.