La primera semana de aplicación del 155 se cierra sin una sola sanción a funcionarios

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Una semana después de su llegada al Govern, el Ejecutivo de Rajoy subraya la normalidad absoluta en la que se ha producido la asunción legal de las funciones autonómicas, y la clave de ese «éxito» ha sido, precisamente, la «prudencia» y la ausencia de «paracaidistas políticos» en las consejerías.

La «normalidad» que ha presidido esta última semana en la Administración autonómica catalana se resume en un dato: en los días que supuestamente podían haber sido los más conflictivos, por el choque entre los que están y los que llegan «de fuera», no se ha impuesto ni una sola sanción. En el escrito del 155 autorizado por el Senado, y aplicado por el Gobierno, se preveía la posibilidad de exigir responsabilidades «disciplinarias, patrimoniales, contables, penales o de otro orden» en el caso de incumplimiento de instrucciones u órdenes de servicios dictadas por los órganos o autoridades designados por el Gobierno. Era una precaución que se incluyó por si se producía la temida resistencia interna en la Administración, una rebelión de funcionarios que hiciera imposible la gestión de competencias. Pero la realidad ha ido en dirección contraria y no ha sido necesaria ninguna medida excepcional de carácter disciplinario, según fuentes del Gobierno.

Tampoco ha hecho falta proceder a destituciones masivas en segundos o terceros escalones de las consejerías, un escenario que se previó en caso de desobediencia general a las nuevas autoridades. En el 155 se autoriza al Gobierno, o a las autoridades designadas por él, a nombrar, cesar, o sustituir temporalmente a cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

Las destituciones han sido «las imprescindibles» para descabezar al Govern de Puigdemont y proceder a la restauración del orden constitucional. El viernes 27 cayó todo el Gobierno autonómico en bloque, junto a sus 141 asesores eventuales , más los «embajadores» en el extranjero, el delegado en Madrid, el representante en Bruselas, el secretario general de Interior y el director general de la Policía Autonómica. El martes 31, en otro Consejo de Ministros extraordinario, se aprobaron nueve destituciones: el secretario general de la Vicepresidencia Económica, todos los delegados territoriales y el director del Instituto de Estudios del Autogobierno, más el personal eventual adscrito a cada cargo cesado.

Desde el primer minuto, el Gobierno de Rajoy intentó que su llegada fuera lo menos ruidosa posible. El presidente delegó en Soraya Saénz de Santamaría las funciones de presidenta de la Generalitat, y encargó a sus ministros que tomaran el control de las consejerías. Pero ninguno de ellos ha «tomado» los despachos que hasta hace unos días ocupaban Puigdemont, Junqueras y el resto de consejeros. Ni han ido ni tienen previsto hacerlo, según comentan en La Moncloa. En caso de necesidad, lo harán «con total discreción». En su lugar han ido segundos y terceros niveles ministeriales, cargos técnicos, desconocidos desde el punto de vista político, para evitar cualquier resquemor o roce. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha coordinado y ha mantenido informada a Sáenz de Santamaría, junto al delegado del Gobierno, Enric Millo , que además ha asumido funciones de portavoz. Precisamente, la vicepresidenta del Gobierno leyó un informe en el Consejo de Ministros del viernes con el balance «satisfactorio» de la primera semana de aplicación del 155.

«El trato con los funcionarios y con los altos cargos que siguen en su puesto ha sido en todo momento correcto, y eso que para ellos no tenía que ser agradable. No ha habido situaciones conflictivas, hemos encontrado colaboración y predisposición», explican en La Moncloa, donde claramente se evita cualquier crítica, por mínima que sea, a la Administración catalana . «No hemos ido como hombres de negro, no ha existido ninguna prepotencia por nuestra parte, y eso también ha

servido para trabajar con normalidad», añaden. En el Gobierno han constatado que los funcionarios catalanes «hace tiempo» que dejaron de firmar los documentos, para no comprometerse en actuaciones probablemente ilegales, y en su lugar lo hacían los representantes políticos. Su neutralidad se ha puesto de manifiesto.

El Gobierno de Rajoy confía en que el envío a prisión de los consejeros, y la orden de «busca y captura» para el fugado Puigdemont, no enrarezca el trabajo cotidiano en las consejerías: «Eso afectará más a la calle». En realidad, el día a día en el Govern es muy poco conflictivo debido, sobre todo, a la convocatoria de las elecciones, que ha reducido a la mínima expresión la gestión de las competencias. El Govern de Sáenz de Santamaría se limita a que se cumplan los trámites para garantizar los servicios públicos y a organizar las elecciones del 21 de diciembre, además de «enderezar» la Generalitat para restaurar la legalidad, algo que se ha empezado a hacer con las destituciones y supresión de órganos independentistas, como los relacionados con el Consejo Asesor para la Transición Nacional .

«Hemos llegado a una Administración en periodo electoral, al ralentí y no en plenitud de sus actividades, y además el Presupuesto catalán está prácticamente ejecutado a estas alturas del año. Eso reduce aún más nuestra posibilidad de actuación. Está puesto el piloto automático», comentan fuentes del Gobierno. «La auténtica sorpresa que nos hemos llevado ha sido lo bien que ha ido la asunción de competencias, la colaboración que hemos encontrado», resumen.

En La Moncloa están convencidos de que el hecho de convocar las elecciones autonómicas de forma inmediata, nada más aprobarse el 155, alivió a muchos catalanes, a la sociedad civil , porque se dio una salida positiva a esta situación». Rajoy tiene un empeño especial en hacer campaña electoral en Cataluña ante el 21-D, en tono conciliador, con la mano tendida para recuperar la normalidad institucional y cerrar las fracturas sociales abiertas. Al Gobierno le preocupa lo justo que TV3 se haya quedado fuera de su control en el 155: «Están bajo la supervisión de la Junta Electoral». Y recuerda, sobre todo, que las elecciones del 21-D son «autonómicas», por mucho que Puigdemont diga que son plebiscitarias. «Puigdemont puede decir que es Napoleón. Son elecciones autonómicas, y es cierto que los independentistas pueden volver a ganar, pero el hecho de presentarse es una aceptación de la legalidad de España, que es la única. Y si ganan, tendrán derecho a gobernar, pero no a incumplir la ley», advierte el Gobierno.