Junqueras alega en un recurso que la prisión preventiva lesiona su derecho «a la participación política» el 21-D

Andreu Van Den Eynde, abogado de Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha presentado un recurso de reforma contra su ingreso en prisión preventiva, ante la propia magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves los envió a la cárcel en la causa en que los investiga por los delitos de rebelión o sedición y malversación.

En sus recursos, el letrado ha rebatido los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión y arremete contra la querella que la Fiscalía presentó contra ellos, que según el abogado no es más que una «curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Cataluña en los dos últimos años».

Por ese motivo, la defensa de los exconsellers también ha recurrido la decisión de la juez de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como la fianza de 6,2 millones de euros que la magistrada fijó a los miembros del Govern cesados, que la defensa cree es « prematura» e infundada , porque no hay prueba de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum.

Para el abogado, el ingreso en prisión de los exconsellers es «desproporcionado» y puede provocar un «daño reputacional» sobre ellos en vísperas del 21-D , además de «afectar los principios que inspiran todo proceso electoral».

«No hay duda alguna de que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral», según ha puntado el recurso que mantiene que la prisión provisional de los exconsellers « lesiona su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política».

Los abogados han esgrimido además el «arraigo familiar» de los exconsellers , lo que a su parecer descarta el riesgo de fuga, así como la «actitud institucional plenamente colaborativa» que han mostrado al acudir a declarar ante la juez, lo que «denota un altísimo nivel de servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas».

Para el letrado, tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que los investigados, « a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña», acudieron a declarar «ya como exconsejeros» y que el Parlament quedó disuelto en aplicación del artículo 155.

Asimismo, ha subrayado la defensa, que el Govern «no se ha reunido desde el día de su cese , no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre», en que la cámara catalana aprobó la declaración de independencia.

El abogado ha rechazado en su escrito los delitos de rebelión y sedición que se atribuyen al Govern y reprocha a la Fiscalía que intente «sin éxito» vincular el proceso de autodeterminación de Cataluña a hechos «de signo violento o coactivo , mediante alambicadas interpretaciones».

Los recursos esgrimen además una «clara vulneración del derecho de defensa» por que la juez se negara a suspender la declaración de los investigados, pese a que el tiempo que tuvo la defensa para prepararse fue «objetivamente insuficiente» , y por que se iniciaran las comparecencias sin que el abogado estuviera presente, ya que se encontraba asistiendo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un «señalamiento preferente» en el Tribunal Supremo.

También la defensa de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joa quim Forn ha presentado hoy u n recurso ante la juez Carmen Lamela contra su ingreso en prisión preventiva, según ha informado su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.

Por su parte, Pau Molins, abogado de Santi Vila, también ha anunciado que mañana presentará un recurso contra la decisión de la juez instructora de enviarlo a prisión preventiva, eludible bajo fianza de 50.000 euros