El Supremo se opone a dar permisos a Jordi Sánchez para participar en la campaña

En un auto notificado este jueves, el magistrado reitera que los derechos de voto y de elegibilidad no son derechos absolutos y recuerda que «cada Estado contratante puede modular siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan».

El juez precisa que el sistema de elección está basado en listas cerradas de candidatos y que la defensa del ideario de la candidatura está atendida por sus otros integrantes , así como por la agrupación de electores, el partido político, o la agrupación de partidos que presten soporte a la candidatura en esa misma circunscripción electoral. En este caso, asegura que la privación de libertad de Jordi Sánchez, número dos en una lista de 85 candidatos, a la que además se incorporó estando ya privado de libertad, «por más que comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su agrupación de electores o del propio encausado, pues el investigado no tiene hoy completamente anulada su capacidad para dirigirse al electorado y, de otro lado, su elegibilidad va engarzada de manera favorable a la de otros integrantes de la misma candidatura, que sí abordan plenamente las actividades de campaña».

Pablo Llarena recuerda que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Jordi Sánchez por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas, semejantes a las que se le atribuyen en este procedimiento (fundamentalmente el acoso a la Guardia Civil ante las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20-S). De esta forma, indica el juez, las autorizaciones que reclama para salir del centro penitenciario o de participación en los medios de comunicación, «precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no sólo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas, sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció».

Por otra parte, Llarena ha citado el próximo 11 de enero, a las 09.30 horas, al propio Sánchez, al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , para tomarles declaración, tal y como ellos habían solicitado, según informaron fuentes jurídicas.

La petición de estas tres declaraciones se realizó por sus respectivas defensas tras conocer la decisión de Llarena de mantener su prisión incondicional junto al exvicepresidente Oriol Junqueras.