El Supremo investigará a la juez Rosell, «ministra de Justicia» de Podemos, por cohecho y prevaricación

Una vez que los magistrados han recabado la documentación que consideraban oportuna para determinar su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos, señalan que habrá que practicar las diligencias necesarias para concluir o descartar si la demora en la tramitación «estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre Carlos Sosa (persona con la que la señora Rosell convive y mantiene una relación afectiva) y el imputado en aquellas diligencias», el empresario Miguel Ángel Ramirez.

En el auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se explica que la fase de investigación que ahora comienza deberá dilucidar si las distintas resoluciones dictadas en el marco de aquellas diligencias, más allá de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia, «no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según él querellante, buscaba enriquecer a su pareja».

En definitiva, según la Sala, se trata de afirmar o excluir si bajo la dilatada tramitación de aquel proceso se escondía un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas «no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios que legítiman el ejercicio de la función jurisdiccional».

El auto de la Sala se basa además de en la querella, en los documentos solicitados por la Sala (entre ellos, un informe del juez sustituto de Rosell), en el informe remitido por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, cronológicamente anterior a los nuevos datos aportados en la ampliación de la querella, y en la declaración prestada recientemente por Miguel Ángel Ramírez, en la que aludió a la existencia de pagos continuados a Carlos Sosa, hechos por los que se investigará un delito de cohecho, informan fuentes del Alto Tribunal.