Soria se querella contra «la juez de Podemos» por acusarle de instrumentalizar a la Fiscalía

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular de Industria solicita al juzgado que interrogue a Rosell en calidad de investigada y a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas de Gran Canaria Evangelina Ríos como testigo, por lesionar su dignidad pues «una campaña electoral no implica una patente de corso para la difamación».

El abogado de Soria, el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuellar, considera «el colmo» que una magistrada conocedora de los principios constitucionales haya atribuido a Soria una conducta que implicaría un «abuso de poder» y un comportamiento «prevaricador», al tiempo que critica que Rosell le haya «vituperado» como «cortina de humo» para desviar la atención de la investigación abierta en su contra por el Ministerio Público.

Rosell acusó este jueves al ministro de «utilizar las instituciones» y estar «detrás» de la situación en la que se encuentra. La Fiscalía le investiga por favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez , presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada , el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

González-Cuellar entiende que la «falaz» manifestación de la candidata de Podemos implica una «gravísima afrenta» a la dignidad de su cliente «como persona y como ministro del Gobierno de España, pues se denigra su honorabilidad, al asignarle, sin fundamento alguno, una conducta que de haberse producido resultaría claramente delictiva».

De hecho, destaca que la querellada estaría atribuyendo con sus manifestaciones a su representado delitos de obstrucción a la Justicia, contra los derechos individuales y el ilícito electoral de ocasionar un manifiesto perjuicio a un candidato.

«El colmo es que la querellada, magistrada de carrera y conocedora de los principios constitucionales, no sólo ha atribuido al señor Soria una conducta arbitraria, que implicaría un gravísimo ataque contra el Estado de Derecho, la división de poderes y la independencia de la justicia, si fuera cierta; es que le ha reprochado además manipular la Fiscalía con fines electorales», prosigue el escrito.

Según recoge, la aseveración de que un ministro utiliza al Ministerio Fiscal para atacar a una ciudadana que se presenta a las elecciones como candidata constituye la atribución de un comportamiento «no sólo prevaricador, por su inconstitucionalidad e ilegalidad y el intolerable abuso de poder que supondría, sino especialmente execrable, pues implicaría una torticera instrumentalización de la Administración de Justicia , por un lado, y una inadmisible interferencia electoral, por otro».

Por último, el abogado recuerda que la Fiscalía cuenta con un régimen de «autonomía» funcional respecto al Gobierno en el Estado de Derecho, en el que prevalece la división de poderes y se «proscribe la arbitrariedad» de las autoridades y funcionarios públicos. Por ello, conmina a la querellada a defenderse como entienda oportuno pero sin «injuriar ni calumniar» a otros.