El Supremo cita a Alberto Casero como investigado por presunta corrupción cuando era alcalde de Trujillo

El pasado 31 de marzo el Tribunal Supremo admitía la exposición razonada elevada por el juzgado de primera instancia e instrucción de Trujillo que apreció indicios de delito en la actuación del diputado, el mismo que posibilitó la aprobación de la reforma laboral del Gobierno por un error al votar de forma telemática. La Fiscalía había informado a favor de la admisión de esta exposición.

Entre los contratos irregulares que detallaba esa exposición razonada figuraba uno firmado en septiembre de 2017 con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España en el que el Ayuntamiento se comprometió al pago de 25.000 euros sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del consistorio, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

También en 2017 el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía otros dos hechos: un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y otro con Radio Interior SL de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros y acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

Al margen del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo, Casero está pendiente de la admisión de los recursos de amparo que tanto él como su grupo parlamentario presentaron contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no aceptar que votara la reforma laboral de forma presencial. Batet no reunió a la Mesa, como era preceptivo, cuando el diputado advirtió del error de su voto telemático y pidió que se le dejara votar en persona.