Una juez pide al Supremo que tome declaración al diputado Casero por presunta prevaricación

La investigación se refiere a contrataciones presuntamente irregulares en su época como alcalde de Trujillo, referidas a los años 2017 y 2018 y que salieron a la luz al cambiar de manos el Consistorio y empezar a reclamar dinero distintas empresas. De las diligencias practicadas se desprende la participación de Alberto Casero como alcalde «en los contratos reseñados e identificados (...) omitiendo el procedimiento legalmente establecido». Entre esos contratos la juez alude al que el ayuntamiento firmó con un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género. Unos servicios que supuestamente nunca realizó pero que cobró. Lo hizo a través de «cuatro facturas por importe de 6.120 euros correspondiente a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio«. A continuación Casero suscribió un contrato menor de psicología con una duración de un año por un importe de 18.000 euros.

«El investigado no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó el expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio. Tampoco consta que el psicólogo realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura de julio a octubre de 2017, y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las víctimas de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación» del psicólogo, señala la juez.

En segundo contrato que cita la magistrada es el firmado con la Cámara de Comercio de Perú por 25.000 euros. «Casero no informó a los servicios económicos, ni jurídicos del Ayuntamiento de Trujillo, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención del Ayuntamiento. El referido convenio no fue aprobado previamente, ni en el pleno, ni por resolución de alcaldía, y el mismo no se sometió a información pública, ni se publicó en el BOE», apunta.

El tercer contrato presuntamente irregular es el «acordado verbalmente» con la Asociación Cultural Bon Vivant, para la gala anual de entrega de premios Pop Eye por valor de 18.000 euros. En este caso el diputado «no informó a los servicios competentes del Ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación. Ni al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad del contrato y la aprobación del gasto».

Tampoco habría respetado Casero la ley de contratación del sector público con los contratos firmados con la empresa Ícaro Producciones por 14.303 euros, para la organización de la Feria Internacional del Queso, ni con otro con Radio Interior SL de 15.000 euros, para que llevaran la comunicación y promoción de esa feria.e Contratación del Sector Público.

El Tribunal Supremo tendrá que informar ahora si asume esta exposición razonada y toma declaración a Casero en calidad de investigado. Si es así se le dará la oportunidad de hacerlo sin necesidad de pedir el suplicatorio, algo que, en su caso, sí habría que hacer más tarde si a tenor de las explicaciones que ofrezca, sigue la causa contra él y termina siendo juzgado.