El separatismo no dio tregua el 17-A: 48 horas de luto, ni una semana de duelo

Tanto la Generalitat como el Parlamento catalanes siguieron con su objetivo, marcado para el 1 de octubre, y que pasó inevitablemente por las jornadas del 6 y el 7 de septiembre , en las que se consumó un atropello de derechos con la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión» en unas esperpénticas sesiones parlamentarias.

Tras estas fechas, el referéndum ilegal (1-O), la huelga salvaje del 3 de octubre , la alocución pública del Rey para recordar que no se vulneraría el orden constitucional –el mismo 3 de octubre–, la declaración de independencia del 10 de octubre y la proclamación de independencia del 27 de octubre.

Los atentados se olvidaron pronto. La política catalana se los comió. Eso sí, el recuerdo de los 16 muertos y los más de 150 heridos del 17-A solo hicieron que empeorar la situación política. El independentismo, que no desaprovecha ni una sola de las ocasiones que tiene a su alcance, no dejó pasar tampoco la repercusión mediática de la gestión posterior al atentado.

Existen ejemplos de ello. La posible mala praxis en el control al imán de Ripoll (Gerona) por parte de los Mossos d’Esquadra se convirtió en discusión política sobre transferencias autonómicas; al igual que la actuación en Alcanar (Tarragona), en la que los Mossos necesitaron dos explosiones para determinar que en la casa se preparaban bombas. Más. Joaquim Forn, entonces recién llegado a la Consejería de Interior, aprovechó el momento de dar el detalle de las víctimas para diferenciar entre catalanes y españoles.

Igualmente, a la CUP no le importó utilizar las manifestaciones para marcar perfil antimonárquico y anticatólico. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural promocionaron los gritos contra el Rey. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , tardó días en aceptar que hoy es imprescindible proteger ciertas arterias de la ciudad con bolardos, como recomendaban los distintos cuerpos policiales.

No hubo descanso. De una imagen de coordinación institucional (sobre todo en lo referido a las policías), apoyo del Jefe del Estado y proclamas de solidaridad de los dirigentes mundiales (incluidos Donald Trump, Vladimir Putin y el Papa Francisco) se pasó a los reproches políticos y a mantener el desafío al Estado de Derecho por parte del secesionismo.

El minuto de silencio del 18 de agosto, en plaza Cataluña, con Felipe VI, Rajoy y Puigdemont al frente fue un mero espejismo. «¡No tengo miedo!» fue el grito espontáneo y unánime. Un espejismo de poco recorrido. Ese mismo día, el presidente de la Generalitat ratificó el órdago del 1-O: «Todo se mantiene».

Puigdemont llamó «miserables» a los que mezclaban los atentados con el referéndum. Eso sí, lo dijo un día antes de que la ANC pidiera por Twitter que no se utilizase la bandera de España para mostrar solidaridad con las víctimas de los atentados yihadistas. La entidad ofreció como alternativas la bandera de Cataluña y la estelada.

Sin embargo, el punto de no retorno se vivió dentro y fuera de la Sagrada Familia. En esta basílica en construcción, el domingo 20, se escucharon las palabras que recordaban la cruda realidad. Habla el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella : «La unión nos hace fuertes, la división nos corroe y destruye. Es hermoso ver que en torno al altar del Señor estamos unidos las autoridades supremas del Estado, las autonómicas, locales (…). Todos unidos por un objetivo común: conseguir la paz, respeto, fraternidad y amor solidario». Antes, a la entrada de los Reyes, se escucharon, aunque tímidamente, algunos «¡Viva el Rey!»

El uso de la gestión de los atentados por el independentismo crecía. El jefe de Prensa de Puigdemont tuvo que borrar un tuit en el que presumía de diplomacia: «Recordáis que decían que no tendríamos relaciones internacionales, que no nos recibiría nadie…» Pere Martí hacía referencia, así, a las reuniones que Raül Romeva mantenía con las autoridades de los países con muertos y heridos en los atentados. Diplomacia catalana.

El martes 22, la mayoría independentista en la Mesa del Parlamento catalán decidió reconocer a los Mossos, la Guardia Urbana de Barcelona, la policía local de Cambrils y los servicios de urgencia que trabajaron los días de los atentados. La decisión es unánime. Pero la mayoría secesionista rechaza la petición de Cs, el PSC y el PP de hacer extensiva la Medalla de Honor a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para los populares aquello fue una «mezquindad».

La víspera de la manifestación del 26 de agosto, la de los abucheos organizados al Rey , Puigdemont acusó a Rajoy, a través del Financial Times, de haber «hecho política» con la seguridad de los catalanes porque, desde su punto de vista, se podría haber evitado la masacre si los Mossos hubieran tenido acceso directo a Europol. Y no dejó pasar la oportunidad: «Demostramos cada día –en la gestión del 17-A– que estamos preparados para actuar como un Estado independiente… No solo en momentos excepcionales».

Así se llegó a la marcha de Barcelona contra el terrorismo (26-A). Desvirtuada por el secesionismo, que controló la manifestación, copó de esteladas la parte lustrosa de la trayectoria y organizó un sonoro abucheo contra Felipe VI y el Gobierno de España.

La solidaridad fue total: allí estuvieron el Jefe del Estado, el Gobierno en pleno –salvo Cristóbal Montoro, que faltó por motivos familiares–, los 16 presidentes autonómicos restantes, las autoridades en representación de las altas instituciones (Congreso, Senado, líderes de la oposición…)

Fueron 500.000 personas, según la Guardia Urbana. Y una minoría, pero muy ruidosa, se hizo con la marcha. Empañó la unidad en contra del terrorismo. Se pasó del «¡No tengo miedo!» al «¡Fuera, fuera, fuera!». Pitos y abucheos que Puigdemont y Colau justificaron.