Sánchez recurre la sentencia que le obliga a informar sobre el Falcon

El recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo la Audiencia Nacional el pasado 14 de diciembre contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 2, alega que Sánchez es el «líder del sistema de Seguridad Nacional» , uno de los motivos por los que no debe, a su juicio, atender este requerimiento de Transparencia. Otros argumentos que esgrime Pedro Sánchez para no cumplir la resolución es que Presidencia carece de un listado de viajes, que no llevan la cuenta, y que habría que hacer una «valoración jurídica» sobre la naturaleza de esos viajes, cuáles son oficiales y cuáles personales.

La opacidad viene de lejos, pues se remonta a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) 520/2019, de 22 de octubre, en la que estimaba un recurso de ABC después de haber recibido, una vez más, la callada por respuesta en una solicitud de información pública cursada el 20 de mayo de ese mismo año.

El CTBG instó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a entregar la siguiente información: «Medios de transporte oficiales utilizados por el Presidente del Gobierno en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 en desplazamientos ajenos a su condición de Jefe del ejecutivo , realizados en el territorio nacional, y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos oficiales, si los hubiere».

La solicitud englobaba el periodo de la campaña electoral de las generales que se celebraron el 19 de abril de 2019 . De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, Pedro Sánchez utilizó medios de transporte públicos para desplazarse a actos en su condición de candidato del PSOE, entre otros desplazamientos ajenos a su agenda oficial, como la asistencia a bodas o conciertos en distintos momentos de su mandato. Otra petición de este diario vía Transparencia abarcaba los viajes realizados entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2019.

El CGTB la dejó en suspenso hasta la resolución de este pleito, ya que las razones de fondo son las mismas. La experiencia que ABC tiene en su larga batalla contra el Gobierno por la rendición de cuentas públicas muestra que normalmente se limitan a incumplir las resoluciones firmes de Transparencia , pero en ese caso Pedro Sánchez la recurrió. Como la vía administrativa ya no tenía más recorrido, Moncloa ordenó a la Abogacía General del Estado que demandara en la Audiencia Nacional al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En su recurso esgrimió que dar a conocer los datos acerca de estos desplazamientos supondrían un riesgo para la seguridad nacional, ya que al solicitarse «un listado completo de todos los desplazamientos del presidente del Gobierno durante más de cuatro meses y medio, del que sin duda podría extraerse con facilidad información de rutinas o rutas habituales».

También alegó la Abogacía carecer de información en lo que se refiere a desplazamientos privados. El juez, en una sentencia datada el pasado 18 de noviembre, desestimó las pretensiones del presidente del Gobierno: «Es una solicitud de información de la que la Administración requerida debería disponer» y «cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del presidente del Gobierno en medios aéreos oficiales, cuya existencia no niega, y que desconozca cuál sea la Administración que disponga de ella».

La Presidencia del Gobierno dio orden a la Abogacía General del Estado de seguir pleiteando para mantener ocultos los viajes del presidente del Gobierno en campaña electoral y los posteriores. Así, el pasado 14 de diciembre, el mismo día que ABC desvelaba cómo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había enviado 12 requerimientos simultáneos a Presidencia y al Ministerio de Sanidad para que informaran sobre la gestión de la pandemia , la Abogacía presentaba el recurso contra la resolución del Falcon, notificado hace unos días a ABC.

La abogada del Estado Almudena Pérez-Zurita esgrime contra la sentencia 124/2020 del Juzgado Central de lo Contencioso- administrativo número 2 que hay razones de «Seguridad Nacional» , argumento que ya fue desestimado por el juez, puesto que la información reclamada por este diario no fue declarada en su día como secreto de Estado ni de carácter confidencial, además de referirse a viajes ya realizados, y por lo tanto no susceptibles de un atentado de carácter retroactivo.

Sostiene la Abogacía que «no cabe duda de que la protección de la seguridad del Presidente del Gobierno, como líder del Sistema de Seguridad Nacional, constituye una parte esencial de ésta».