Transparencia planta cara al Gobierno por ocultar su gestión de la pandemia: debe informar inmediatamante

El pasado 4 de diciembre el CTBG remitió de golpe doce oficios, siete a la Presidencia del Gobierno y cinco al Ministerio de Sanidad, en los que les advertía que debía informar inmediatamente sobre otras tantas peticiones que cursó ABC sobre la gestión de la pandemia y que están vencidas.

Así lo ha confirmado el CTBG a este diario en doce escritos idénticos, donde sólo cambia Presidencia por Ministerio de Sanidad y el número de la resolución: «Para su conocimiento (...) le informamos que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dirigido, con fecha de hoy (4 de diciembre de 2020), un oficio a la Unidad de Información y Transparencia de Presidencia del Gobierno, en el que se le reitera la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución 100-004015 (R_0488_2020) de 5 de noviembre de 2020 de este organismo, dictada en la reclamación interpuesta por Vd. respecto de su solicitud de acceso a la información pública».

Hace aproximadamente medio año, ABC comenzó a requerir información sobre los puntos más oscuros de la gestión de la pandemia, desde la compra de los test defectuosos y la falta de protección de los sanitarios hasta la información de la que disponía el Gobierno antes de decretar el estado de alarma, pasando por el control de los medios de comunicación, el misterioso comité de expertos o el inexistente informe de la Universidad Johns Hopkins . Todos los asuntos son de indudable interés informativo.

Las peticiones, un total de veinte escalonadas en el tiempo, se dirigieron, como corresponde, a la Unidad de Transparencia del organismo afectado, esto es, el Ministerio de Sanidad en unos casos y, en otros, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno . Transcurrido el mes de plazo que la Administración tiene para cumplir o para presentar alegaciones, daban la callada por respuesta.

Este diario fue recurriendo las solicitudes de información ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que las estimó. El CTBG falló que las peticiones estaban justificadas e instó hasta en 20 ocasiones a Moncloa y al Ministerio de Sanidad a que las cumpliera en un plazo máximo de diez días hábiles. Este periodo venció, en el caso de las peticiones más recientes, a lo largo del mes de noviembre, y tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa se negaron a cumplir el mandato del Consejo y, por ende, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno . ABC tuvo que recurrir de nuevo al CTBG para notificar que las citadas Administraciones públicas se niegan a cumplir sus resoluciones.

Por este motivo, el Consejo de Transparencia libró la citada docena de oficios, el mismo día, el pasado 4 de diciembre, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Sanidad. Requerimientos similares, de los ocho restantes expedientes, habían sido enviados con anterioridad y de forma escalonada sin respuesta alguna. Desde la notificación del traslado urgente de los doce incumplimientos y hasta el cierre de esta edición, ABC ha recibido una única notificación electrónica por parte de los gabinetes afectados, que corresponde a Moncloa y está datada el pasado viernes 11 de diciembre. Presidencia del Gobierno se ha limitado a trasladar la petición al Ministerio de Sanidad, generando una nueva solicitud de información para ejecutar la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno número 513/2020.

Esta información, que ABC pidió el pasado mes de abril, en plena pandemia, y que el Gobierno lleva negando ocho meses es la siguiente: «Copia de los informes científicos y técnicos emitidos por el Comité Científico o el Técnico de la Covid 19, o por cualquier otro organismo, en virtud de los cuales se han adoptado las medidas de poner fin al confinamiento de los servicios no esenciales adoptada por el Consejo de Ministros de 10 de abril». Se trataba de conocer con qué criterio técnico el Gobierno decidió qué era esencial y qué no. Al margen de la pandemia, el CTBG ha obligado al Gobierno a informar, a instancias de este diario, sobre, por ejemplo, el uso que Pedro Sánchez hace del Falcon o de los palacios del Estado en los que veranean sus amigos , y también se han negado a cumplir. La vía administrativa se agota cuando Moncloa, o Sanidad, se niega a cumplir, por lo que podrían ser la justicia de lo contencioso-administrativo quien tenga que resolver.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC sostienen que varios miembros del Gobierno pueden haber cometido un presunto delito de prevaricación, «al negarse a cumplir a sabiendas resoluciones que son firmes y que ni si quiera las han recurrido en los tribunales» . El Gobierno se está negando a responder y, por lo tanto, a cumplir la ley, porque consideran que las peticiones de información son «abusivas», pese a que es el organismo público que vela por la trabsparencia y el buen gobierno quien las ha calificado como lícitas y de acorde a las leyes vigentes.

Cuando el CTBG instó al Gobierno a revelar la composición del comité de expertos de la desescalada –una de las resoluciones ganadas por ABC– la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseveró que «vamos a valorar la resolución, vamos a estudiarla, y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo».