Pedro Sánchez no tiene «nada que objetar» al tercer grado de los presos del 1-O

Lo que hicieron ayer las juntas de tratamiento de las tres prisiones en las que los nueves líderes independentistas encarcelados cumplen condena por sedición -Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona)- ha sido una propuesta de clasificación que ahora deberá avalar el servicio de clasificación de la Consejería de Justicia , algo que se da por hecho y se consumará en los próximos días o semanas. Los nueve líderes del «procés», condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, hacía meses que salían de prisión casi a diario para trabajar , participar en actividades de voluntariado o cuidar a familiares mayores. Lo hacían gracias a beneficiarse de la aplicación de una prerrogativa poco habitual, el ya famoso artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía estas salidas en días laborables, características del tercer grado, pese a estar todavía en régimen ordinario (segundo grado). Ahora, cuando se consume la aplicación del tercer grado, la diferencias más sustanciales respecto a su situación actual será que los fines de semana podrán pernoctar en casa. También cabe la posibilidad de que de lunes a jueves en lugar de dormir en prisión lo hagan en las conocidas como «unidades de dependientes», viviendas compartidas para presos bajo la supervisión de la Generalitat. El tercer grado, que logran cuando solo cuatro de ellos han cumplido ya una cuarta parte de la condena impuesta, les abre también la puerta a más días de permisos ordinarios a lo largo del año.

Eso en cuanto a las consecuencias inmediatas, porque procedimentalmente el tercer grado también implica variaciones en la resolución de posibles recursos. Los reclusos podrán acceder al tercer grado en cuanto la Generalitat ratifique la decisión de las juntas -tiene un máximo de dos meses de plazo- pero la Fiscalía, que hasta ahora se ha opuesto a todas la flexibilizaciones penitenciarias de los líderes del «procés», podría recurrirlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria . Ya lo hizo sin ningún éxito en cuanto al 100.2. Ahora, la diferencia es que la última palabra la tendría el Supremo, como tribunal sentenciador, y no la Audiencia Provincial de Barcelona.

La revisión de la clasificación penitenciaria de los líderes políticos se ha tenido que hacer ahora al cumplirse seis meses -el plazo máximo que marca el reglamento penitenciario- desde que el pasado diciembre las juntas de tratamiento los dispusieron inicialmente en segundo grado. A diferencia de lo que aconteció entonces, cuando las juntas se decantaron por el régimen ordinario pese a posicionarse en contra algunos de sus miembros, ayer la treintena de funcionarios que conforman los equipos multidisciplinares de las tres cárceles se mostraron por unanimidad a favor de la semilibertad de los líderes independentistas.

Estos datos los ofreció ayer en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, que trató de convencer de que las juntas de tratamiento solo han tenido en cuenta «aspectos técnicos» para este salto clasificatorio. No hay de momento datos sobre la mesa para cuestionar que esto haya sido así, pero sí desde luego para evidenciar que la velocidad a la que los políticos presos logran el tercer grado está por encima de la media del resto de presos.

Las estadísticas hechas públicas hasta la fecha no permiten una radiografía de los terceros grados en marcha a día de hoy para hacer una comparativa exacta, pero sí que las estadísticas de la propia Generalitat confirman que la velocidad en que se les ha aplicado la semilibertad es superior a la media. Esa radiografía sí que la pudo hacer ABC hace unas semanas en cuanto a la concesión de los 100.2, tras haber accedido en exclusiva al listado de los 120 presos que en aquellos momentos disfrutaban de esa flexibilidad. Aquella comparativa lo que evidenciaba era tanto la excepcionalidad del 100.2 -lo disfrutaban solo 120 presos de un total de 6.500, entre ellos los nueve políticos- como que los líderes del «procés» eran, de todos los presos, a quienes se le había concedido más rápido. Hasta diez veces más rápido si se comienza la contabilidad desde el dictado de la sentencia.

La Generalitat insiste, sin embargo, en que las juntas de tratamiento se han basado para el tercer grado exclusivamente en datos «técnicos» -arraigo familiar, comportamiento, porcentaje de pena cumplida...- y «no obedecen a ninguna consigna política» . Lo dijo ayer en la rueda de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, que acostumbra a portar en la solapa un lazo amarillo en solidaridad con quienes considera «presos políticos», aunque ayer no lo lucía.

El anuncio de la propuesta clasificatoria lo acompañó Calderó de varias consideraciones de marcado carácter político. Una de ellas fue al explicar que las juntas de tratamiento se habían reunido a la vez con el objetivo de «proteger de posibles amenazas y coacciones» a la treintena de funcionarios que las componen . Era una referencia implícita a la advertencia del Supremo de que actuaría contra los funcionarios si las prisiones dejaban en libertad a los presos independentistas durante la crisis del Covid. Pero hubo mensajes también para los más hiperventilados de la parroquia independentista, de la órbita posconvergentes, que consideran que ERC, al frente de la consejería responsable de la gestión de las cárceles, no ha hecho todo lo posible en favor de los políticos presos. «La decisión no está en la mesa del presidente ni de la consejería, el problema es que un tribunal les envió a prisión», se excusó Calderó.

Ante todo ello, el presidente del Gobierno no tiene «nada que objetar», informa Juan Casillas. Fue todo cuanto dijo Sánchez, que tiene en mente los próximos presupuestos generales para los que, si bien intenta atraer a Ciudadanos, quiere mantener en la ecuación a ERC. Su líder, Oriol Junqueras, reclamó desde la cárcel «la libertad a través de la amnistía». En parecidos términos lo hizo el «president» Quim Torra: «¿Tercer grado? ¡Libertad!», escribió en las redes.