Pedro Sánchez descarga en PP y Cs la responsabilidad de su investidura como presidente

«O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE», dijo tras entrevistarse con el Rey

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La portavoz de JxC, Laura Borràs, aseguró ayer en el Congreso que los tres diputados de su partido que se encuentran en situación de prisión preventiva, y suspendidos en sus funciones, no renunciarán a su escaño.

La consecuencia inmediata es que Pedro Sánchez tendrá algo más sencilla su investidura en la segunda votación para ser presidente, aunque ésta no está garantizada simplemente con este hecho. «No están dispuestos a renunciar a su acta y no es un gesto simbólico. No tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que se anticipen a una sentencia»», aseveró ayer Borrás.

Si Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez mantienen esta decisión, el líder socialista necesitará los «síes» de Unidas Podemos, PNV, Compromís y el PRC. Esa alianza sumaría 173 votos a favor. Por contra, el bloque de los votos negativos sería de 171 escaños: PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, ERC, JxC y Bildu. Faltan dos escaños en esta relación de fuerzas, que serían los de la coalición Navarra Suma que ya ha abierto claramente la puerta para poder llegar a un acuerdo.

La Mesa del Congreso de los Diputados determinó esta semana, de acuerdo al dictamen de los letrados, que la mayoría absoluta de la Cámara seguía manteniéndose en 176 diputados pese a la suspensión de los cuatro diputados presos. Pero la decisión de los tres de JxC de no entregar su acta favorece las opciones de Sánchez. Queda por ver qué sucede con Oriol Junqueras. No obstante, si el líder de ERC renuncia a su escaño y un nuevo diputado independentista se une a los «noes» de su bloque la oposición a Sánchez tendría un máximo de 172, frente a los 173 que Sánchez tiene más garantizados.

El miércoles, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, cuyos dos escaños se habían contabilizado en la noche electoral como potencialmente factibles para Sánchez, certificaba que rechazarán su investidura si Sánchez se presenta con algún acuerdo de cualquier tipo con Podemos. No le vale por supuesto una coalición de Gobierno, pero tampoco un acuerdo programático entre PSOE y Podemos. Sin poder contar con esos dos diputados lo que se ha conocido como «vía navarra» es la única alternativa del candidato a presidente, si no quiere buscar la abstención de los independentistas. Si por el contrario los dos diputados de UPN pasan al bloque del «no» la oposición sumaría 173 en caso de que Junqueras no haya dejado su acta, o 174 si sí lo ha hecho. En cualquier caso suficientes para bloquear al grupo de partidos que apoya a Sánchez y sus 173 «síes».

Una legislatura inestable

La opción del apoyo de UPN serviría a Sánchez para convertirse en presidente del Ejecutivo de nuevo pero no para gobernar con estabilidad el resto de la legislatura. La sentencia del juicio del «procés» se espera para el próximo otoño y ni siquiera la defensa de los propios acusados confía con sinceridad en su absolución, entendiendo que todos ellos quedarán inhabilitados, como mínimo, para el ejercicio de cargo público. Cuando eso suceda, Rull, Turull y Sànchez perderán automáticamente sus actas de diputados y sus escaños pasarán a los siguientes candidatos de la lista electoral. En ese momento, JxC contará con siete votos en lugar de los cuatro que puede ejercer ahora y Sánchez estará obligado a negociar con este partido, ERC o Bildu la aprobación de las leyes que beban de ideología de izquierdas.

En este sentido, la portavoz catalana dejó ver una importante distancia con el líder socialista de quién aseguró que «se ha levantado de la mesa de diálogo». Durante la campaña electoral dijo «nunca jamás a atender el derecho de Cataluña para decidir su futuro. No parecen las mejores credenciales de diálogo o disposición a poderlo tener», cuestionó, tras explicar que la posición de su partido pasa por apoyar a un candidato que «esté dispuesto a solucionar el conflicto de manera política».

Fuentes parlamentarias atribuyen la decisión de mantener el acta de Rull, Turull y Sànchez como parte de su estrategia de defensa. «Si la sentencia les inhabilita y pierden por ella su condición de diputados pueden argumentar que se ha vulnerado el ejercicio de sus derechos políticos en un posible recurso ante Estrasburgo, pero si renuncian al acta voluntariamente perderían este argumento. Y el precio es simplemente esperar unos meses, hasta que el Tribunal Supremo alcance la sentencia», explican.

La aritmética guarda tantas complicaciones que ayer Sánchez evitó entrar al barro. Compareció en Moncloa al filo de las 21:30 horas para aceptar «con honor» el encargo del Rey de formar Gobierno. Dijo que su primera prioridad será llevar a cabo la transición ecológica, la digitalización de la economía, afrontar la desigualdad o el proyecto europeo.

Pese a los rechazos de Pablo Casado y Albert Rivera, el presidente en funciones quiere descargar sobre ellos la presión de la investidura. El presidente no parece tener prisa. Será «la próxima semana» cuando él personalmente iniciará una ronda de contactos formales «con los tres principales partidos» además del PSOE.

Es decir, con el PP, con Ciudadanos y con Unidas Podemos porque «son los que pueden facilitar o bloquear» el arranque de esta legislatura. Les pidió facilitar «cuanto antes» la investidura y derivó los contactos con otros grupos a «otros formatos».

No habló Sánchez de Pablo Iglesias como su socio preferente y quitó importancia a su exigencia de entrar en el Gobierno, situándolo al mismo nivel que los rechazos de PP y Cs. «Yo entiendo que todos fijen posición», despachó Sánchez. Pero su estrategia es forzar los tiempos jugando con la única certeza a día de hoy: «O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE».